Durante la ceremonia de bienvenida a 100 jóvenes talentos que se incorporan al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la presidenta Dina Boluarte reafirmó su discurso sobre transparencia y lucha contra la corrupción, presentándose como abanderada de un “gobierno decente y honesto”. Sin embargo, sus recientes apariciones públicas han estado marcadas por evasivas ante las crecientes críticas por sus ingresos y beneficios personales financiados con recursos del Estado.
“Bien sabemos que cada adenda era signo de corrupción. Aquí, obra iniciada, obra terminada y entregada al servicio del pueblo peruano. Somos un gobierno decente, honesto y trabajamos en esa lucha frontal contra la corrupción”, afirmó Boluarte desde la sede ministerial, buscando distanciarse de gestiones anteriores.
La presidenta señaló que su administración reacciona con firmeza ante cualquier indicio de irregularidad en el aparato estatal. “Quizá por ahí todavía esté alguna situación. Inmediatamente nos enteramos, pedimos que intervenga Contraloría, pero no solamente que intervenga para mirar cómo está, sino que también haga las denuncias que correspondan”, sostuvo.
No obstante, mientras sostiene un discurso institucional sobre transparencia, Boluarte evita pronunciarse sobre temas controversiales que la involucran directamente. En su reciente conferencia de prensa, la primera en varios meses, se abstuvo de comentar sobre la denuncia presentada por su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra la periodista Mónica Delta y el canal Latina, en un caso que ha reavivado el debate sobre libertad de prensa en el país.
Además, evitó responder con claridad cuando se le consultó sobre el incremento de su sueldo presidencial a S/35,568 mensuales, aprobado mediante decreto supremo en el Consejo de Ministros y que la convierte en la funcionaria mejor remunerada del aparato estatal. “Cada uno debe ganar lo que merece y en el Estado lo que rige es la transparencia”, fue su breve comentario, sin entrar en detalles sobre la legalidad del incremento, que podría vulnerar el tope establecido por la Ley 28212.
Dina Boluarte y su tarjeta presidencial para alimentos valorizadas en S/ 5.000
La polémica se intensificó tras el reportaje de Punto Final, que reveló que la mandataria también recibe una tarjeta de consumo mensual de S/5,000 para gastos de alimentación. Este beneficio, extensible a su familia y sin rendición pública de cuentas, ha sido duramente cuestionado por su carácter discrecional y por haberse mantenido fuera del escrutinio por meses.
Según el programa, el contrato para la tarjeta Pluxee (antes Sodexo) no solo permite consumos en supermercados y restaurantes, sino que incluye la posibilidad de recargas ilimitadas a pedido del Despacho Presidencial. La respuesta oficial ante la falta de transparencia fue que divulgar los consumos atentaría contra la seguridad de la presidenta.
Expresidentes como Francisco Sagasti y Martín Vizcarra declararon que en sus gestiones nunca existió una tarjeta de este tipo y que la alimentación en Palacio siempre se manejó mediante adquisiciones auditables.
Mientras el Ejecutivo insiste en enmarcar sus acciones dentro de un supuesto enfoque ético y técnico, las señales hacia la ciudadanía apuntan en otra dirección. La ausencia de respuestas concretas, sumada a los privilegios personales en medio de una crisis económica, ha encendido el malestar ciudadano.
En conclusión, el discurso de Dina Boluarte sobre transparencia y honestidad contrasta cada vez más con los cuestionamientos que evita aclarar. Su primer contacto con la prensa luego de meses de silencio dejó más dudas que certezas y refuerza la percepción de que el gobierno mantiene una desconexión creciente con las urgencias del país.
