En 2021, Dina Boluarte afirmaba, convencida, que no necesitaba privilegios para servir al país. “No necesito policías que me protejan, no necesito que me pongan un carro… yo puedo manejar mi vehículo”, decía entonces, en una entrevista para Léeme TV, durante su campaña al Congreso por el partido Perú Libre. Su discurso era claro: cuestionaba a los políticos que vivían con beneficios pagados por el pueblo y prometía mantenerse como “la misma persona” incluso si llegaba a un cargo más alto.
Cuatro años después, como presidenta de la República, esa promesa se ha esfumado. Boluarte no solo cuenta con resguardo policial, vehículo oficial y residencia presidencial, sino que además ha sido beneficiada con un incremento de sueldo aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que elevó su salario a S/35.568 mensuales. A ello se suma una tarjeta electrónica de consumo de S/5.000 mensuales, financiada con recursos públicos.
Este beneficio fue revelado por el programa Punto Final el domingo 6 de julio. Según la investigación periodística, la tarjeta recargable, emitida por la empresa Pluxee (antes Sodexo), permite a Boluarte adquirir alimentos, abarrotes, carnes, frutas, verduras, y realizar consumos en restaurantes y panaderías. Además, no existe un límite diario de gasto, y si se agota el saldo mensual, Palacio de Gobierno puede solicitar recargas adicionales.
El costo anual estimado para mantener esta tarjeta activa es de S/60.000, cifra que puede ser ampliada de acuerdo con el contrato suscrito por el Despacho Presidencial. Este esquema, según exfuncionarios de Palacio consultados por Punto Final, no tiene justificación operativa ni histórica, ya que tradicionalmente los alimentos de la residencia presidencial se adquieren mediante procesos regulares y auditables.
Durante su entrevista de campaña en 2021, Boluarte criticó con firmeza los privilegios del entonces Congreso. “¿Los congresistas por qué tienen que tener un privilegio por encima de los peruanos que caminamos? ¿Acaso los peruanos que no son congresistas son de segunda clase?”, cuestionaba. También prometía que, si ascendía a un cargo de mayor jerarquía, no permitiría que ese poder la cambiara: “Tengo que seguir siendo la misma persona”.
Hoy, esas declaraciones entran en contradicción directa con su realidad presidencial. Con el sueldo más alto del aparato estatal y beneficios adicionales como la tarjeta de consumo, Boluarte ha sido señalada por sectores políticos y sociales por una creciente desconexión con la ciudadanía, especialmente en un país golpeado por la crisis económica, el desempleo y la inflación.
Aunque la presidenta ha buscado centrar sus discursos en temas de gestión pública, lucha contra la corrupción y obras entregadas, evita pronunciarse sobre estos privilegios personales. En una reciente conferencia de prensa, cuando se le preguntó si creía merecer el salario de S/35.568, respondió de manera escueta: “Cada uno debe ganar lo que merece y en el Estado lo que rige es la transparencia”, sin explicar por qué su caso estaría exento del tope salarial establecido por la Ley N.º 28212.
Con estas revelaciones, el contraste entre su promesa de campaña y su actuar como mandataria es cada vez más evidente. Su caso reabre el debate sobre el uso de fondos públicos para beneficios personales y la coherencia entre el discurso político y la práctica real de quienes gobiernan el país.
