La presidenta Dina Boluarte ha sido duramente cuestionada tras revelarse que recibió un incremento de sueldo de más del 125%, mientras que 272 trabajadores del Despacho Presidencial continúan sin mejoras salariales ni bonificaciones. Esta situación fue expuesta en un reciente reportaje del semanario Hildebrandt en sus Trece, donde se evidencia una marcada desigualdad dentro del mismo entorno gubernamental.

Boluarte, quien anteriormente percibía S/15,600 mensuales, ahora gana S/35,568, gracias a una decisión respaldada por el Consejo de Ministros. Este aumento contrasta de forma escandalosa con la realidad de los funcionarios de su propio despacho, quienes llevan más de tres años solicitando aumentos en sus sueldos y mejoras laborales sin obtener respuesta.

Según el abogado Rubén Galindo, asesor del Sindicato Unitario de Trabajadores del Despacho Presidencial (Sutradp), el argumento del Gobierno para negar estas mejoras es que “no hay dinero”. No obstante, esta excusa no se aplicó al caso de la presidenta ni al del Consejo de Ministros, quienes sí fueron beneficiados con incrementos sustanciales.

Las demandas de los trabajadores no son nuevas. Comenzaron durante el gobierno de Pedro Castillo en julio de 2022, cuando un tribunal arbitral emitió un laudo favorable que obligaba al Ejecutivo a cumplir con beneficios laborales como movilidad, bonificación por escolaridad y labor exclusiva. A pesar de ser de cumplimiento obligatorio e inapelable, ni Castillo ni Boluarte acataron la resolución.

Ante la negativa del Ejecutivo, los trabajadores propusieron un aumento de S/2,000 mensuales, una asignación familiar de S/500, bonificaciones por quinquenios y escolaridad, mejoras en las vacaciones y un bono de cierre de pliego de dos UIT. Todas las solicitudes fueron ignoradas.

Más aún, un informe de viabilidad presupuestal asignó solo S/47,083 para los 272 trabajadores, lo que representaría un incremento irrisorio de apenas S/173 por persona. “No es que digan ‘no te quiero dar’, dicen que no tienen dinero”, señaló Galindo, quien critica la falta de voluntad política.

El colmo llegó cuando la Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria, por orden directa de Boluarte, comunicó oficialmente que no corresponde formular ninguna propuesta respecto a los beneficios laborales exigidos. Es decir, no habrá negociación ni mejoras en el corto plazo.

Actualmente, el proceso se encuentra en manos de un nuevo tribunal arbitral. Sin embargo, los trabajadores han reducido sus exigencias y ya no insisten en el aumento salarial, sino únicamente en la restitución de bonificaciones mínimas, como escolaridad, vacaciones y asignación familiar.

Este caso revela un preocupante doble discurso por parte del Ejecutivo, que exige austeridad a los trabajadores mientras premia a sus altas autoridades con incrementos significativos. La contradicción ha generado malestar, no solo entre los afectados, sino también en la opinión pública, que percibe una gestión cada vez más desconectada de las demandas reales del país.