En un movimiento que ha generado controversia y críticas, el gobierno de Dina Boluarte aprobó una directiva que flexibiliza significativamente los criterios para que la presidenta pueda recibir regalos, donaciones o beneficios de parte de autoridades, amigos e incluso colaboradores del Despacho Presidencial. Según reveló un reportaje de Cuarto Poder, la modificación fue creada, revisada y aprobada en menos de 24 horas, el pasado 1 de julio de 2025.

La Directiva 004-2025 fue redactada por Walter Enrique Zegarra, jefe de la Oficina de Integridad Institucional, y revisada por Recursos Humanos, Planeamiento y Asesoría Jurídica. La aprobación final recayó en Ysmael Mayuri Quispe, subsecretario general del Despacho Presidencial, el mismo que días antes había autorizado también el aumento del sueldo presidencial.

Hasta antes de esta modificación, las normas internas —basadas en disposiciones de 2021— limitaban los regalos a artículos modestos como lapiceros, mouse pads o pequeños objetos corporativos, con el fin de evitar conflictos de interés o posibles actos de corrupción. Sin embargo, la nueva directiva elimina restricciones clave, al permitir que la presidenta reciba obsequios sin límite de valor, incluso por motivos personales como cumpleaños, aniversarios o logros académicos.

Uno de los puntos más polémicos es el Artículo 11, inciso C, que permite la entrega de regalos por parte del entorno familiar, amical o laboral del servidor público, incluyendo la presidenta. Entre las justificaciones aceptadas figuran: onomásticos, aniversarios, logros personales, fechas conmemorativas y eventos protocolares. Además, se autoriza el ingreso de regalos provenientes de gobiernos regionales, locales, instituciones nacionales e internacionales, siempre que ocurran en ceremonias o actos oficiales.

La nueva norma no fija topes de precio, ni mecanismos claros de control o fiscalización. Esto ha despertado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores, debido al alto riesgo de uso indebido del cargo para la recepción de beneficios personales.

Subsecretario general del despacho presidencial evitó dar declaraciones a la prensa

Consultado por Cuarto Poder, Ysmael Mayuri evitó dar declaraciones sobre el alcance de la norma y colgó la llamada telefónica al ser abordado. Por su parte, Walter Zegarra intentó minimizar el tema señalando que “los gobernadores y alcaldes no suelen entregar obsequios costosos”, aunque la norma no lo prohíbe ni establece controles que lo impidan.

Para la abogada especialista en compliance, Cecilia Madrideste, este tipo de vacíos ponen en riesgo la transparencia del Estado. “Podría darse el caso de que se reciba un auto de un amigo por el cumpleaños, y eso no estaría fuera de la norma. No hay límites ni medidas preventivas”, alertó en entrevista.

En la misma línea, el abogado penalista Walter Palomino advirtió que la directiva contraviene los principios básicos de la lucha contra la corrupción. “Cualquier norma sobre recepción de obsequios debe estar alineada con la Política Nacional de Integridad. De lo contrario, se crea un escenario perfecto para que se configuren delitos o se genere un contexto que los propicie”, señaló.

Este tipo de decisiones no solo erosionan la confianza pública, sino que también envían una señal contradictoria respecto al compromiso del Ejecutivo con la ética en la función pública. Para muchos expertos, la rapidez con la que se aprobó esta directiva y la falta de mecanismos de control, evidencian un manejo discrecional del poder, con potenciales consecuencias legales y políticas.