La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Nancy Hernández López, ha solicitado formalmente al Estado peruano que suspenda “de inmediato” el trámite legislativo del controvertido proyecto de Ley de Amnistía. Esta norma busca otorgar impunidad a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, y afectaría directamente la búsqueda de justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

De acuerdo con la resolución emitida por el tribunal internacional, si el Congreso de la República o el Ejecutivo continúan impulsando esta ley, la Corte IDH ha exhortado al sistema de justicia peruano a no aplicar la norma en dichos casos emblemáticos, con el objetivo de proteger el derecho de las víctimas y sus familias a obtener justicia.

La decisión de la Corte se da en el marco de la solicitud de ampliación de medidas provisionales presentada por los representantes de las víctimas. La institución enfatiza que hasta que no cuente con todos los elementos necesarios para evaluar el impacto de la ley en los casos ya sentenciados por el tribunal internacional, esta no debe generar efectos jurídicos.

En línea con esta posición, se ha convocado a una audiencia pública presencial en San José de Costa Rica el 21 de agosto de 2025, durante el 179° Período Ordinario de Sesiones. A esta audiencia están citados el Estado peruano, los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Corte IDH y su preucupación por la Ley de Amnistía en favor de policías y militares

La preocupación de la Corte IDH no es nueva. En junio de 2024 ya se había llevado a cabo una audiencia sobre este mismo tema, luego de que el Congreso peruano aprobara en primera votación la Ley de Amnistía. Esta norma, altamente cuestionada, también busca declarar inaplicable el delito de lesa humanidad por hechos cometidos antes de 2002, lo que iría en contra de los estándares internacionales de justicia y derechos humanos.

Durante dicha audiencia, Gisela Ortiz, representante de los familiares de las víctimas, denunció que el Estado no ha garantizado el acceso a la verdad ni a la justicia. Criticó que, pese a las décadas de lucha de los deudos, los responsables de las violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta aún no han sido plenamente sancionados ni capturados.

“Estamos aquí para defender nuestro derecho a la verdad y a la justicia, derechos que el Estado peruano no está garantizando”, enfatizó Ortiz.

La decisión de la Corte IDH pone al Perú bajo el escrutinio internacional una vez más y reafirma la obligación del Estado de respetar los tratados internacionales y proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La continuación del trámite de esta ley podría suponer una grave violación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.