El presidente del Congreso de la República, José Jerí, sorprendió a la opinión pública al mostrarse a favor de la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a la implementación de la pena de muerte como medida para combatir la inseguridad. La posición del titular del Parlamento ha generado una ola de críticas por su aparente desapego a los compromisos internacionales en materia de derechos fundamentales.

“Cuando las instituciones fallan o no nos ayudan, es momento de tomar decisiones mucho más fuertes”, afirmó Jerí ante la prensa, sin matices ni explicaciones técnicas que respalden una propuesta de esa magnitud. Con estas declaraciones, el parlamentario se suma a un discurso punitivista y populista, que ha sido utilizado por diferentes sectores políticos sin ofrecer soluciones estructurales ni eficaces frente a la criminalidad.

La Corte IDH, instancia supranacional de protección de los derechos humanos en América Latina, ha sido clave en múltiples procesos donde el Estado peruano ha tenido que rendir cuentas por abusos cometidos, especialmente durante épocas de violencia política. Por ello, la propuesta de retirarse de dicho sistema internacional podría significar un grave retroceso institucional y democrático.

En redes sociales y espacios públicos, la reacción fue inmediata. José Jerí fue abucheado recientemente en el Hipódromo de Monterrico, lo cual podría interpretarse como una muestra del descontento ciudadano ante sus acciones y posturas como presidente del Congreso. Analistas han calificado sus declaraciones como parte de una estrategia de posicionamiento político basado en el miedo, en lugar de un liderazgo responsable y apegado al Estado de derecho.

Dina Boluarte propuso la pena de muerte en su momento

Cabe destacar que la presidenta Dina Boluarte también ha manifestado públicamente su respaldo a la pena capital. El pasado 17 de marzo de 2025, expresó su indignación frente a la creciente ola de sicariato y extorsiones en el país, afirmando: “Estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos”.

Más recientemente, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, Boluarte volvió a ratificar su postura: “Estoy convencida de que aquellos que asesinan o violan a menores de edad, mujeres indefensas y niños ya no tienen posibilidad de resocialización. Para estos criminales debe aplicarse la pena de muerte”.

Ambas posturas, tanto de Jerí como de Boluarte, han sido duramente cuestionadas por organismos de derechos humanos y juristas constitucionalistas, quienes recuerdan que la Constitución del Perú, así como los tratados internacionales suscritos por el país, limitan la aplicación de la pena de muerte y establecen marcos legales orientados a la protección de la vida y la dignidad humana.

La posibilidad de abandonar la Corte IDH no solo comprometería la imagen del Perú a nivel internacional, sino que también debilitaría el sistema de justicia y abriría la puerta a potenciales violaciones de derechos sin control ni fiscalización internacional. En ese sentido, el debate no solo es jurídico, sino profundamente político y ético.