El debate sobre la sanción impuesta a Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, continúa generando polémica. En esta ocasión, fue el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, quien admitió públicamente que el Congreso de la República se equivocó al suspender e inhabilitar por cinco años a la exfiscal de la Nación, decisión que fue cuestionada desde diversos sectores jurídicos.
En declaraciones a RPP, Hernández recordó que Ávalos fue repuesta en su cargo como fiscal suprema mediante una medida cautelar que reconocía que su actuación se enmarcaba dentro de la interpretación histórica de la Constitución, vigente en el Perú desde 1823 hasta el 2022. Dicha interpretación establecía que la investidura presidencial debía ser protegida mientras el jefe de Estado se encontrara en funciones, limitando así las posibilidades de que un fiscal pudiera investigarlo durante su mandato.
El magistrado aclaró que Ávalos no se negó a investigar al expresidente Pedro Castillo por decisión arbitraria, sino que aplicó una línea argumentativa que se había mantenido por casi dos siglos en el país. En esa misma línea, reconoció que tanto el Parlamento como la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se equivocaron al intentar romper con esa tradición jurídica.
“La señora Zoraida Ávalos, entiendo que con una medida cautelar, un juez constitucional la reincorpora precisamente por esa razón. Ella no aplicó el critero interpretativo que muchos querían, sino que mantuvo la línea vigente desde 1823 hasta 2022. Sí, se equivocaron”, indicó Hernández en entrevista con RPP.
El caso Pedro Castillo y la protección de la investidura presidencial
Durante el gobierno de Castillo, el exmandatario fue objeto de acusaciones constitucionales en el Congreso, entre ellas una por sus polémicas declaraciones sobre una posible salida al mar para Bolivia. No obstante, el Tribunal Constitucional determinó que dicho proceso no podía prosperar, al no estar debidamente fundamentado.
Este fallo reforzó la figura de protección de la investidura presidencial, confirmando que los procesos de investigación debían esperar hasta el término del mandato.
Un debate abierto en la justicia peruana
La controversia sobre si los fiscales deben investigar o no a un presidente en funciones sigue abierta en el ámbito jurídico y político. Mientras algunos sostienen que la inmunidad protege la estabilidad democrática y evita crisis institucionales, otros consideran que esta interpretación permite la impunidad temporal de los mandatarios.
Lo cierto es que el testimonio de Pedro Hernández se suma a una cadena de voces que critican la decisión del Congreso contra Ávalos, una medida que podría marcar un precedente en la relación entre el Legislativo y el Ministerio Público.
En un contexto donde las tensiones entre poderes del Estado continúan, este reconocimiento del TC reaviva la discusión sobre los límites del control parlamentario, la autonomía del Ministerio Público y el verdadero alcance de la investidura presidencial en el Perú.
