El Pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles una polémica modificación a su reglamento que permitirá a los parlamentarios realizar campaña política durante la semana de representación sin ser sancionados. Con 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, se dio luz verde a la propuesta impulsada por el fujimorismo, lo que abre un nuevo escenario a menos de dos años de las Elecciones Generales 2026.
La iniciativa, que había sido rechazada el 14 de agosto, fue reconsiderada gracias al pedido del congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) y finalmente aprobada en el Pleno. El dictamen fue elaborado inicialmente en la Comisión de Constitución, presidida en junio por el fujimorista Fernando Rospigliosi y actualmente dirigida por su colega de bancada Arturo Alegría.
¿Qué cambia con la nueva norma?
La semana de representación, periodo en el que se supone deben recoger las demandas y necesidades de sus electores en las regiones. Sin embargo, el nuevo texto del reglamento —precisamente del Artículo 25-A— establece que podrán “expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad”.
El cambio, no obstante, aclara que estas actividades no podrán realizarse durante las sesiones de las comisiones ni del Pleno, salvo que el parlamentario solicite licencia sin goce de haber.

Votaciones divididas y bancadas a favor
La reforma fue apoyada por las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, Perú Libre y Renovación Popular. En contraste, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y la Bancada Socialista se opusieron por considerar que la medida favorece el proselitismo con recursos estatales.
Actualmente, los legisladores reciben una bonificación mensual de S/2.800 para cubrir los gastos de la semana de representación, lo que para algunos críticos representa un riesgo de que se utilicen fondos públicos con fines partidarios.
Camino a las Elecciones 2026
La aprobación ocurre en un contexto en el que varios parlamentarios ya empiezan a perfilar sus candidaturas con miras a las elecciones de 2026. Analistas advierten que esta decisión podría intensificar el uso de la función congresal para fines partidarios y electorales, generando una ventaja para los políticos en ejercicio frente a otros candidatos que no cuentan con recursos del Estado.
Por su parte, defensores de la medida sostienen que los congresistas deben tener libertad para expresar sus posiciones políticas, siempre que no se interrumpa su labor parlamentaria.
La modificación marca un precedente clave en la normativa interna del Legislativo y se perfila como uno de los temas más debatidos en la coyuntura política peruana, especialmente en el marco de la cercanía de los próximos comicios generales.

