El expresidente Pedro Castillo reapareció en una audiencia de juicio oral y lanzó duras críticas contra la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó suspender las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte. El exmandatario, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, consideró que durante su gestión se aplicaron criterios distintos en relación con los procesos judiciales que enfrentó, lo que a su juicio revela un trato desigual.
Durante la sesión, Castillo cuestionó directamente el fallo del máximo intérprete de la Constitución, asegurando que mientras a Boluarte se le brinda un respaldo legal que frena las indagaciones en su contra, en su gobierno fue objeto de múltiples acusaciones sin la misma consideración. “Cuando estaba en mi gestión se me atribuyeron varios casos, como el de Sarratea, el puente Tarata o el de Los Niños. Hoy, en cambio, el Tribunal le da la razón a la señora Boluarte, protegiendo su mandato”, señaló.
Presidenta del Tribunal Constitucional asegura que fallo de dicha institución no favorece a Dina Boluarte
La presidenta del TC, Luz Pacheco, defendió la decisión y explicó que el fallo no se refiere a la persona de Boluarte, sino al cargo que ostenta como jefa de Estado. Según indicó, la medida busca garantizar la estabilidad institucional y evitar que el ejercicio presidencial se vea interrumpido por investigaciones fiscales. Sin embargo, reconoció que los criterios del colegiado pueden variar en el futuro.
No obstante, voces críticas como la de la expresidenta del TC, Marianella Ledesma, calificaron la resolución como una “burla a la eficiencia de la investigación penal”, argumentando que el tiempo juega a favor de la impunidad al borrar las huellas de presuntos delitos.
El fallo del TC se da en el marco de la demanda competencial presentada por el Ejecutivo en julio de 2024, donde Boluarte solicitó detener los procesos en su contra por casos como el Rolexgate, el presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón, las muertes en protestas y las cirugías estéticas por presunto abandono de funciones. Con la decisión, las investigaciones quedarán suspendidas hasta el final de su mandato, el 28 de julio de 2026.
En paralelo, la situación judicial de Pedro Castillo continúa siendo incierta. Su defensa solicitó la cesación de prisión preventiva, medida que será evaluada por la Corte Suprema este 21 de agosto. El juez supremo Juan Carlos Checkley admitió el pedido presentado el 1 de agosto, alegando que no se cumplen los requisitos legales para mantener la restricción de libertad.
El exmandatario está detenido desde el 7 de diciembre de 2022, tras intentar disolver el Congreso y anunciar un gobierno de excepción, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado. La Fiscalía ha pedido una condena de 34 años de prisión, además de una inhabilitación de tres años y medio para ejercer cargos públicos y una reparación civil superior a los 64 millones de soles.
Con el contraste entre la protección legal de Boluarte y su propia situación procesal, Castillo busca instalar la narrativa de un trato diferenciado en la justicia peruana.
