La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) difundió este lunes la prepublicación de modificaciones al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP), con el objetivo de adaptar las normas al entorno digital y modernizar la franja electoral de cara a las Elecciones Generales 2026.
El documento plantea cambios en más de veinte artículos del reglamento vigente y resalta por una novedad central: la incorporación de influencers y creadores de contenido digital como youtubers, streamers e instagramers entre los proveedores autorizados para difundir propaganda electoral con cargo al financiamiento público directo (FPD).
Hasta ahora, la franja electoral estaba limitada a medios tradicionales como televisión, radio, prensa escrita y agencias de publicidad digital. Con esta propuesta, la ONPE busca formalizar la participación de líderes de opinión en redes sociales, considerando el rol que tienen en la formación de audiencias jóvenes y altamente conectadas.
Requisitos para influencers en la franja electoral
La propuesta establece criterios estrictos para que los creadores digitales puedan acceder a este esquema de financiamiento. Entre los requisitos principales figuran:
- Antigüedad mínima de un año en la red social donde ofrecerán el servicio.
- 100.000 seguidores o suscriptores como base de alcance.
- Nivel mínimo de interacción: 1,3 % de engagement en Facebook e Instagram durante los últimos 30 días o un promedio de 10.000 visualizaciones por video en YouTube en el mismo periodo.
Con estas condiciones, la ONPE busca garantizar que los recursos públicos destinados a propaganda electoral lleguen a comunidades digitales consolidadas, evitando su dispersión en cuentas con poco impacto real.
Regulación de agencias y medios digitales
El reglamento también detalla los requisitos para agencias de medios digitales, que seguirán participando como proveedoras. Estas deberán acreditar al menos cuatro años de experiencia en planificación, compra y gestión de publicidad digital, además de demostrar la administración de campañas previas con una inversión mínima de 186 UIT.
De esta manera, el organismo electoral busca mantener un control riguroso sobre el uso de fondos públicos, asegurando que los servicios contratados tengan un impacto comprobado y transparente.
Cambios en la producción y duración de propaganda
Otra modificación importante es la unificación de la duración máxima de los spots electorales. Tanto en radio, televisión como en redes sociales, las piezas no podrán exceder los 30 segundos. Según la ONPE, esta medida busca evitar ventajas desproporcionadas entre partidos políticos y estandarizar el contenido de la franja electoral.
Ajustes en el Financiamiento Público Directo
Además de los cambios en la franja digital, la ONPE propone ajustes en el uso del Financiamiento Público Directo (FPD). Entre ellos:
En las actividades de financiamiento proselitista, se precisará que el ingreso neto corresponde al monto recaudado menos los gastos, fortaleciendo la transparencia en los balances partidarios.
La rendición de cuentas pasará de ser semestral a anual, aunque se mantendrán visitas de control mensuales e inopinadas.
Se amplían las prohibiciones para contratar con fondos públicos: quedarán excluidos directivos, afiliados o terceros con sentencias por financiamiento ilegal de la política o falsificación de información.
Un paso hacia la modernización electoral
Con estas propuestas, la ONPE busca adaptar la normativa electoral al ecosistema digital, donde cada vez más ciudadanos consumen información política. El desafío será garantizar que la participación de influencers se ajuste a criterios de imparcialidad, transparencia y fiscalización, evitando riesgos de desinformación o uso indebido de recursos públicos.
La prepublicación del reglamento abre un periodo de debate público antes de su aprobación final, en el que partidos políticos, expertos en comunicación digital y ciudadanía podrán presentar observaciones.
