El Poder Judicial evaluará este lunes 1 de septiembre la solicitud presentada por el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santivañez, para que se concluya la investigación preliminar que enfrenta por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
La audiencia, programada para las 09:30 de la mañana, será dirigida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien deberá escuchar los argumentos de las partes involucradas y determinar si procede el pedido de control de plazo planteado por el titular del Ministerio de Justicia.
La investigación preliminar contra Santivañez está relacionada con la contratación de Anatoly Bedriñana durante su gestión en el Ministerio del Interior. Según la defensa del ministro, las diligencias han superado el tiempo razonable y es necesario que la Fiscalía de la Nación emita una disposición que ponga fin al proceso preliminar.
Cabe recordar que el pasado 7 de agosto, Santivañez presentó formalmente la solicitud de control de plazo. Además, el 3 de julio, su defensa legal ya había pedido a la Fiscalía que concluyera con las diligencias pendientes. Sin embargo, al no obtener respuesta, se acudió al Poder Judicial en busca de una decisión que obligue al Ministerio Público a definir la situación jurídica del ministro.
El caso adquiere mayor relevancia política debido a que, el 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Juan José Santivañez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en una ceremonia en Palacio de Gobierno. De este modo, el actual titular del sector deberá enfrentar la evaluación judicial de su situación en paralelo a sus funciones como miembro del Gabinete.
La decisión del juez Checkley no se dará de inmediato, pero será clave para determinar si la investigación preliminar continúa o si se archiva, tal como solicita la defensa de Santivañez.
El proceso de control de plazo es una herramienta legal prevista en el Código Procesal Penal que busca evitar que las investigaciones preliminares se extiendan de manera indefinida sin que exista una resolución concreta.
Con esta audiencia, el caso de Santivañez vuelve al centro de la agenda política y judicial, generando expectativa sobre el desenlace que podría impactar directamente en la estabilidad del Ministerio de Justicia y en la imagen del actual Gabinete.
