El Ministerio Público atraviesa una situación crítica en materia presupuestal. Según un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, la institución enfrenta un déficit de al menos 81 millones de soles en el presupuesto 2025, lo que amenaza con paralizar o reducir significativamente las labores fiscales en diversos frentes.
Déficit compromete la lucha contra el crimen
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió que la falta de recursos impactará directamente en acciones esenciales, como peritajes especializados, operativos contra la minería ilegal, investigaciones de criminalidad organizada, lavado de activos y narcotráfico. De mantenerse esta situación, varias de estas actividades se verían restringidas o incluso suspendidas.
Asimismo, señaló que también están en riesgo programas vinculados a la lucha contra la trata de personas, delitos ambientales, comercio ilícito de fauna silvestre, violencia contra la mujer y fraudes informáticos, áreas que han cobrado relevancia en los últimos años por su impacto social.
Reclamo por homologación y remuneraciones
Espinoza subrayó la necesidad de que el Estado asigne recursos suficientes para cumplir con la homologación de los fiscales a todos los niveles, así como con la escala remunerativa del personal del Ministerio Público. La falta de presupuesto, advirtió, no solo afecta la operatividad de la institución, sino también la estabilidad de sus trabajadores.
Recortes reiterados
La magistrada recordó que, a pesar de las gestiones realizadas ante las instancias correspondientes, este año el Ministerio Público sufrió un recorte superior a los 123 millones de soles. La situación no mejoraría en el futuro inmediato: para 2026 se proyecta una nueva reducción de aproximadamente 145 millones de soles, lo que comprometería aún más la capacidad de respuesta institucional.
En esa línea, Espinoza fue enfática: “La justicia no es un gasto, es una inversión esencial para consolidar nuestra democracia. Requerimos los recursos para combatir junto a otras instituciones la criminalidad que afecta a miles de ciudadanos. Nuestro compromiso con un país más justo y con menos delincuencia permanece firme”.
Pronunciamiento conjunto
El comunicado oficial fue emitido en conjunto por los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, integrada además por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena, Tomás Gálvez Villegas y Patricia Benavides Vargas. Todos coincidieron en que el recorte presupuestal pone en peligro la capacidad del Ministerio Público para cumplir su misión constitucional de defensa de la legalidad y persecución del delito.
Un llamado urgente
La advertencia se produce en un contexto en el que la criminalidad organizada, el narcotráfico y la violencia de género son percibidos como los mayores problemas de seguridad ciudadana en el país. Ante ello, el reclamo del Ministerio Público busca llamar la atención del Ejecutivo y el Congreso para que prioricen la asignación de recursos en el presupuesto nacional de 2025.
De no atenderse esta demanda, advierten los fiscales supremos, la capacidad del Estado para garantizar justicia y seguridad ciudadana se vería seriamente debilitada, con consecuencias directas para miles de peruanos que dependen de una justicia eficaz frente a la delincuencia.
