El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Juliaca (Puno) condenó a 35 años de prisión efectiva al expolicía Erusbel Apaza Uturunco (27), acusado del asesinato del suboficial José Luis Soncco Quispe, ocurrido el 9 de enero de 2023 durante las protestas antigubernamentales en la región altiplánica.

La jornada más violenta de la crisis política

Aquella fecha quedó registrada como una de las más violentas de la convulsión social. Según la investigación fiscal, Apaza Uturunco formó parte del grupo que atacó una patrulla policial en la que se encontraba Soncco. El vehículo fue incendiado y dentro de él se hallaron los restos del agente. En el mismo ataque, el suboficial Ronal Villasante Toque resultó gravemente herido, aunque logró escapar y sobrevivir.

El día terminó con un saldo de 17 manifestantes muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden, además del asesinato del suboficial Soncco.

Pruebas y condena judicial

Durante el proceso judicial, los magistrados Víctor Paredes Mestas, Richard Condori Chambi y Yessica Condori Chata coincidieron en la responsabilidad penal de Apaza Uturunco, dictando la sentencia de manera unánime. Además de la pena privativa de libertad, se ordenó el pago de una reparación civil en favor de los deudos del suboficial.

El expolicía, conocido como “Chato”, había sido separado de la institución por inconducta funcional. Fue capturado en marzo de 2023, en posesión de 23.800 dólares, una cacerina de fusil AKM con siete municiones, restos calcinados de una pistola y un teléfono celular. Días después, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra.

El suboficial José Luis Soncco

Soncco tenía 29 años y era natural de Yanaoca (Cusco). Era el mayor de siete hermanos y el único profesional de su familia. Según la necropsia difundida por Ojo Público, murió por traumatismo craneoencefálico severo causado por un objeto contundente antes de que su cuerpo fuera calcinado.

Los peritajes confirmaron que no había realizado disparos, lo que reforzó la versión de sus familiares de que nunca respondió a la agresión. Fue enterrado el 13 de enero de 2023 en Yanaoca, en un sepelio cargado de simbolismo y reclamos de justicia.

Su pareja, Leidy Ricalde, con quien mantenía una relación desde 2018, relató que Soncco ya no se sentía cómodo dentro de la Policía y que planeaba mudarse a Cusco para estudiar Derecho.

Polémicas y versiones contradictorias

El caso generó controversia desde el inicio. La entonces presidenta Dina Boluarte y el exprimer ministro Alberto Otárola se refirieron a Soncco como el “policía quemado”, sin mencionar a los 18 civiles fallecidos ese mismo día en Juliaca ni a las otras víctimas de la represión en distintas regiones.

En redes sociales y en el ámbito político circularon versiones contradictorias: algunos sostenían que el policía había sido quemado vivo, mientras otros insinuaban que la información había sido manipulada. Estas especulaciones alimentaron la desconfianza de la ciudadanía.

En el entierro, los asistentes exigieron abrir el féretro para confirmar la identidad del cuerpo, lo que finalmente fue aceptado por la familia. La ceremonia se desarrolló principalmente en quechua y estuvo marcada por cánticos marciales y un huayno tradicional, también interpretado en los funerales de los manifestantes fallecidos.

Mártir policial, pero sin apoyo

El Gobierno rindió homenajes póstumos a Soncco y lo declaró mártir de la Policía Nacional. Sin embargo, de acuerdo con reportajes posteriores, ningún funcionario volvió a comunicarse con su familia tras el entierro.

La sentencia contra Apaza Uturunco marca un hito judicial dentro de los procesos abiertos tras la violencia política del 2023. No obstante, las heridas sociales siguen abiertas en Juliaca y en otras regiones, donde las familias de las víctimas civiles aún esperan justicia y reparación.