Este miércoles 3 de agosto, la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior del Poder Judicial decidió declarar fundado la solicitud del expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien venía cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el caso Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

La resolución anula lo establecido previamente por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien el pasado 13 de agosto había ordenado cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra. El magistrado consideró entonces que existían graves elementos de convicción, riesgo de fuga y peligro de obstaculización de la justicia. Además, sostuvo que el exmandatario carecía de arraigo laboral y familiar que garantizara su permanencia en el país.

El caso está vinculado al presunto delito de cohecho pasivo propio, que habría ocurrido cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. Según la hipótesis fiscal, el expresidente habría condicionado la firma de contratos públicos a la entrega de pagos ilícitos que superarían los S/ 1.3 millones, en perjuicio del Estado.

Durante las audiencias previas, el fiscal Germán Juárez Atoche presentó registros, testimonios y evidencias financieras que —a su juicio— acreditaban la existencia de actos de corrupción. Sin embargo, la sala superior concluyó que no se cumplen los requisitos legales necesarios para dictar una medida tan restrictiva como la prisión preventiva en esta etapa procesal.

De acuerdo con el tribunal, si bien la investigación fiscal continúa en curso, corresponde garantizar que el exmandatario pueda ejercer su derecho a la defensa en libertad, siempre bajo el cumplimiento de eventuales restricciones que puedan ser impuestas más adelante.

Con esta decisión, Vizcarra podría abandonar el penal en las próximas horas, siempre que no exista otra orden judicial que limite su libertad. Su situación procesal, sin embargo, continúa en desarrollo, ya que la investigación por presuntos actos de corrupción se mantiene vigente.

Cabe recordar que el expresidente ha enfrentado diversos cuestionamientos desde que dejó el cargo en 2020 tras ser vacado por el Congreso. Los casos relacionados con su gestión como gobernador de Moquegua forman parte de un conjunto de investigaciones fiscales que lo vinculan con posibles actos de corrupción en obras públicas.

La decisión de la sala superior marca un nuevo capítulo en el proceso judicial contra Vizcarra, generando un intenso debate en la opinión pública. Para algunos sectores, se trata de un reconocimiento a la importancia de evitar el uso excesivo de la prisión preventiva en el Perú; mientras que otros consideran que la medida refleja un riesgo de impunidad frente a los delitos de corrupción de alto nivel.