La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció la culminación de la designación de Silvana América Carrión Ordinola como procuradora pública ad hoc para el caso Odebrecht y otros procesos vinculados. La decisión se adoptó en el marco de las facultades otorgadas por el Decreto Legislativo 1326 y su reglamento, que regulan la organización y funcionamiento del sistema de defensa jurídica del Estado.
A través de un comunicado oficial, la entidad informó que los procesos que actualmente están bajo la responsabilidad de la procuraduría ad hoc seguirán siendo atendidos “de manera continua y oportuna”. En esa línea, se remarcó que el desarrollo de los juicios y los objetivos institucionales no se verán interrumpidos por el cierre de funciones de Carrión.
Continuidad en la defensa del Estado
La Procuraduría destacó que la culminación de la designación no compromete la defensa jurídica de los intereses del Estado peruano en las investigaciones y procesos judiciales relacionados con Odebrecht y otras constructoras investigadas por corrupción.
Según la entidad, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la estrategia legal, la recuperación de reparaciones civiles y la representación procesal del país en las instancias nacionales e internacionales correspondientes.
Aunque no se ha precisado quién asumirá el rol de procurador o procuradora ad hoc en adelante, la Procuraduría aseguró que se preservará la institucionalidad y se dará continuidad a la defensa de los intereses del Estado frente a los implicados en el caso.
Un caso emblemático de corrupción
El caso Odebrecht constituye uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina. En el Perú, sus ramificaciones alcanzaron a expresidentes, altos funcionarios y grandes proyectos de infraestructura, como la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera Interoceánica.
Desde su creación, la Procuraduría ad hoc jugó un papel clave en la articulación con el Ministerio Público para impulsar investigaciones, así como en la negociación de reparaciones civiles con las empresas involucradas. Bajo la gestión de Silvana Carrión se avanzó en acuerdos de colaboración eficaz y en la recuperación de montos millonarios en favor del Estado.
Expectativa política y jurídica
La salida de Carrión genera expectativa en el ámbito político y jurídico. Diversos especialistas consideran que la defensa del Estado en el caso Odebrecht debe mantenerse con independencia y firmeza, dada la magnitud de las acusaciones y el impacto en la lucha anticorrupción.
En ese sentido, se espera que la Procuraduría General del Estado informe próximamente quién asumirá la representación ad hoc, en un contexto donde el país sigue demandando justicia y sanciones efectivas para los responsables.
Lo que sí ha dejado claro la PGE es que la estrategia legal no se verá afectada y que el Perú continuará defendiendo sus intereses frente a uno de los casos de corrupción más graves de las últimas décadas.
