La inseguridad en Trujillo, conocida como la “Ciudad de la eterna primavera”, ha alcanzado niveles alarmantes tras el ataque extorsivo ocurrido el jueves 4 de septiembre a las 10:50 p.m. en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas. El hecho, que dejó al menos 30 viviendas afectadas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), ha encendido nuevamente las críticas contra las autoridades por su falta de respuesta frente al avance del crimen organizado.

Vecinos indignados ante la inacción

Los vecinos de Las Quintanas cuestionaron duramente a las autoridades locales y nacionales. Aseguran que las extorsiones, los atentados con explosivos y la violencia urbana han convertido a Trujillo en una de las ciudades más peligrosas del país.

“No solamente se trata de figurar en los partidos políticos ni hacer campaña, sino de demostrar con hechos que se hace algo por la población”, declaró una damnificada a La República.

Entre los daños materiales se encuentra una veterinaria cuya mampara quedó destruida. La propietaria estimó que el costo de reposición bordearía los cinco mil soles, lo que refleja el impacto económico de la violencia en los negocios locales.

El “Efecto Pataz” y la expansión del crimen organizado

El general Guillermo Llerena Portal, jefe de la III Macro Región Policial, explicó que lo ocurrido es parte del denominado “Efecto Pataz”, fenómeno que describe cómo las bandas criminales ligadas a la minería ilegal, debilitadas en la sierra por las operaciones militares y el estado de emergencia, han trasladado su violencia hacia Trujillo.

Casos como el de una minera de Pataz que sufrió atentados en su domicilio tras recuperar sus labores ilustran cómo la violencia se ha desbordado desde el interior del país hasta las zonas urbanas de la costa norte.

Trujillo, ¿el nuevo Medellín?

El especialista en seguridad ciudadana José Manuel Saavedra advirtió que lo que vive Trujillo podría ser el inicio de una guerra por el control territorial similar a la que sufrió Medellín en los años 80.

“Estamos frente a un enfrentamiento de organizaciones criminales. Es el inicio de lo que podría convertir a Trujillo en el nuevo Medellín de Pablo Escobar”, señaló.

Este escenario evidencia la fragilidad de las medidas adoptadas por el Estado, que hasta ahora no han logrado frenar los atentados ni garantizar seguridad para los ciudadanos.

Autoridades locales exigen medidas urgentes

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, anunciaron que viajarán a Lima para reunirse con la presidenta Dina Boluarte y exigir una estrategia más efectiva contra el crimen organizado.

Reyna cuestionó la falta de inteligencia policial y herramientas tecnológicas para enfrentar a las bandas: “No se trata solo de mandar a patrullar policías si no tienen intervención telefónica, no sirve absolutamente de nada”.

Por su parte, Acuña sostuvo que la situación equivale a un escenario de terrorismo urbano, y exigió la intervención de las Fuerzas Armadas: “El control de Trujillo tiene que estar en manos de las Fuerzas Armadas. Las tres bombas han sido en la noche, siempre después de las 10. Hay argumentos para pedir toque de queda. Su estado de emergencia no funcionó”.

Inseguridad sin freno

Este atentado se suma al ocurrido en agosto en la avenida Perú, también vinculado a disputas de bandas de minería ilegal. La violencia ha alcanzado niveles que los vecinos califican de insoportables y que generan temor en la población.

La presión social crece y la ciudadanía exige resultados concretos. Mientras tanto, Trujillo sigue atrapada en una espiral de extorsión, miedo y desprotección estatal, con la amenaza latente de convertirse en un símbolo del crimen organizado en el Perú.