El enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Ejecutivo continúa escalando debido a la controversia por la asignación de recursos para el año 2025. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió este domingo a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a quien acusó de manejar información “inexacta e incompleta” sobre el presupuesto de su institución.

En entrevista con el dominical Panorama, Espinoza afirmó que la situación presupuestal del Ministerio Público es crítica y que el recorte dispuesto por el Gobierno pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales en las fiscalías de todo el país.

Déficit presupuestal y reclamos de la Fiscalía

Según detalló la titular del Ministerio Público, para el 2025 se aprobó un presupuesto de S/2 921 millones, lo que representa un 4 % menos que en 2024. Además, advirtió que se proyecta una nueva reducción del 5 % adicional para el 2026.

Espinoza recordó que durante el 2024 la institución presentó hasta ocho demandas adicionales de presupuesto, pero solo una fue atendida. La más reciente busca cubrir un déficit de S/81 millones, recursos que —afirmó— son indispensables para gastos básicos como arrendamientos, seguridad, peritajes, limpieza, luz, agua e internet.

“Hemos reducido nuestra solicitud inicial de 261 millones a 81 millones para cubrir hasta diciembre, pero no se nos ha atendido”, puntualizó.

Respuesta del Ejecutivo

Días atrás, el premier Arana negó que exista un déficit presupuestal y responsabilizó al Ministerio Público por no ejecutar de forma eficiente sus recursos. Aseguró que la institución dispone de S/1 228 millones sin ejecutar.

Espinoza replicó que dichos montos ya se encuentran comprometidos y certificados para fin de año, lo que impide su reasignación. También desmintió la existencia de S/128 millones “sin destino”, como señaló Arana. “Todo está comprometido, destinado y programado. Usar fondos de una partida para otra sería malversación”, subrayó.

Condiciones precarias en las fiscalías

La fiscal de la Nación denunció que el recorte presupuestal agrava la situación de precariedad en la que operan diversas fiscalías a nivel nacional.

En regiones como Puno, explicó, solo existe una morgue en Juliaca con dos cámaras frigoríficas. “Cuando llegan más de siete fallecidos, los cuerpos quedan en el patio, expuestos”, reveló.

Asimismo, describió oficinas hacinadas, donde hasta seis trabajadores comparten espacios reducidos de tres por tres metros, y baños que se usan como almacenes por la falta de infraestructura.

Espinoza alertó que no existen recursos suficientes para nuevas inversiones como la construcción de fiscalías, morgues o cámaras Gesell en provincias. “No tenemos fiscalías en fronteras, zonas altoandinas ni en la selva. La población no se merece esta atención”, lamentó.

¿Represalia política?

Consultada sobre si la reducción presupuestal podría ser una represalia por las investigaciones que involucran a la presidenta Dina Boluarte y a su hermano Nicanor, Espinoza evitó dar una respuesta directa: “De eso sacará sus conclusiones la propia población. Nosotros trabajamos técnicamente y objetivamente para dar el mejor servicio”.

La fiscal también rechazó las críticas del ministro de Justicia, quien la calificó de “incapaz” tras una denuncia constitucional en su contra. “No denuncio por denunciar. Allí están los hechos, las pruebas y el derecho que se aplica”, sostuvo.

Finalmente, Espinoza instó a las autoridades a visitar las sedes fiscales en distintas regiones para constatar las condiciones deplorables en las que se desempeñan los fiscales.

“Somos eficientes, pero se nos fuerza a la ineficiencia por la falta de presupuesto”, sentenció.