La reciente decisión de la Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez, de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Amnistía, ha encendido una polémica en el país. Aunque el recurso busca someter la norma a un control de constitucionalidad, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de matanzas como Barrios Altos y La Cantuta advierten que la medida podría terminar legitimando una ley que abre las puertas a la impunidad.
Si el TC declara constitucional la norma, se limitaría el control difuso, mecanismo que permite a jueces y juezas inaplicar leyes contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. En la práctica, esto impediría que magistrados rechacen la aplicación de la amnistía en casos vinculados a delitos de lesa humanidad.
Una norma que revive los fantasmas del pasado
La polémica Ley de Amnistía aprobada por el Congreso beneficia a militares, policías e integrantes de comités de autodefensa investigados, procesados o condenados por delitos cometidos entre 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno.
El problema es que la norma no precisa los delitos incluidos, lo que en la práctica cubre también ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. De acuerdo con el derecho internacional, estos crímenes no pueden ser objeto de amnistía ni prescripción.
En su propio escrito ante el TC, la Defensoría reconoció que la ley favorece de manera injusta a militares y policías, dejando de lado los derechos de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, su posición institucional quedó en entredicho tras declaraciones de funcionarios de alto rango que expresaron respaldo a la norma impulsada en el Congreso.
El debate actual recuerda a lo ocurrido en los años noventa, cuando el gobierno de Alberto Fujimori impulsó leyes de autoamnistía para blindar a militares involucrados en graves violaciones de derechos humanos.
Aquellas normas fueron anuladas en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que estableció su incompatibilidad con la Convención Americana. Por ello, para las organizaciones de derechos humanos, insistir en una amnistía de esta naturaleza implica desconocer obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.
Contradicciones dentro de la Defensoría
La controversia aumentó cuando se difundieron declaraciones de Carlos Fernández Millán, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría, durante una mesa técnica en el Congreso en abril de este año.
Allí, Fernández Millán afirmó que, tras casi 30 años, el sistema de justicia no había resuelto muchos procesos y que era necesario “resolver de una vez” la situación de policías y militares procesados. Incluso llegó a saludar públicamente la iniciativa del congresista Jorge Montoya, uno de los principales promotores de la ley.
Estas palabras contrastan con el informe institucional remitido a la Comisión de Constitución, donde la Defensoría señaló que la amnistía no podía incluir delitos que representen un desprecio manifiesto por la vida y la dignidad humana. En ese documento se advertía expresamente que aprobar una norma así supondría desconocer la vigencia de derechos fundamentales.
Familias de víctimas denuncian una estrategia de blindaje
Para los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, la actuación de la Defensoría abre la puerta a que el TC legitime la ley y, en consecuencia, se impida a los jueces aplicar el control difuso.
En su opinión, se trata de una estrategia política para blindar a militares y policías procesados, reduciendo a las víctimas a una situación de indefensión. El temor principal es que los casos de crímenes de lesa humanidad queden archivados, lo que significaría un retroceso histórico en materia de justicia y reparación.
El papel del Tribunal Constitucional
Ahora, la atención se centra en el Tribunal Constitucional, que deberá evaluar la demanda y pronunciarse sobre la validez de la Ley de Amnistía.
Si la declara constitucional, los jueces ordinarios perderán la facultad de inaplicarla en casos concretos. Pero si el TC la rechaza, quedará claro que el Estado peruano debe seguir persiguiendo los delitos de lesa humanidad, en línea con lo señalado por la Corte IDH.
El desenlace no solo tendrá impacto jurídico, sino también político y social, pues definirá si el Perú reafirma su compromiso con los derechos humanos o retrocede hacia una etapa de impunidad.
RMP sobre demanda del defensor del pueblo: “Presenta la acción para que no le den la razón”
Luego de conocerse la presentación del mencionado escrito, la abogada y periodista Rosa María Palacios se pronunció a través de sus redes sociales para criticar la acción del representante de la Defensoría del Pueblo y sostuvo que este hecho solo sería para que los magistrados del Tribunal Constitucional declaren infundado el requerimiento y los jueces no podrán aplicar el control difuso.
Mirtha Vásquez califica de “ofensor del pueblo” a Josué Gutiérrez tras presentar demanda de inconstitucionalidad ante el TC
La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, mencionó que el defensor del pueblo anteriormente apoyó la promulgación de la Ley de Amnistía y que este cambio de postura ante el Tribunal Constitucional solo provocará que la máxima institución intérprete de la carta magna declare infundado el requerimiento de Josué Gutiérrez.
“La mafia en acción. El “ofensor” del Pueblo que opinó a favor de la ley de Amnistía, hoy finge cuestionarla ante el TC. Justo cuando los familiares de las víctimas llamaron a abstenecerse de presentar esta acción pues el TC, obviamente, opinará a favor y la constitucionalizará”, enfatizó.
