El juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, avanza con fuerza en el Poder Judicial y promete convertirse en uno de los procesos más emblemáticos de la lucha anticorrupción en el país. En el segundo día de audiencias, el fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, ratificó su pedido de 29 años de prisión contra la exburgomaestre capitalina por los aportes que recibió de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante sus campañas contra la revocatoria (2013) y por la reelección (2014).
Los delitos que se le imputan a Susana Villarán
Según la acusación fiscal, Villarán habría incurrido en los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad ideológica y cohecho pasivo propio. Además de la condena de cárcel, Pérez solicitó que se le imponga 426 días-multa y la inhabilitación por 7 años para ejercer cargos públicos.
De acuerdo con la tesis fiscal, Villarán habría favorecido a Odebrecht con la concesión de Rutas de Lima por un periodo de 30 años a cambio de recibir pagos ilícitos por parte de la constructora.
Presunto pacto entre Susana Villarán y Odebrecht
Durante la audiencia, José Domingo Pérez sostuvo que Villarán “pactó con Odebrecht” para asegurar la concesión de los peajes limeños. El fiscal describió que la exalcaldesa adelantó la adjudicación de la concesión de manera “inusual y célere”, evitando la competencia de otros postores y asegurando que el cierre financiero se concretara antes del fin de su gestión.
Incluso, agregó, se firmó el contrato sin cumplir con el requisito legal del artículo 9.3 del Decreto Legislativo 1012, que exigía la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) antes de proceder con una asociación público-privada.
“La contraprestación es que Odebrecht diera un pago ilícito de 3 millones de dólares y a cambio Susana Villarán y otros les darían los peajes de la ciudad de Lima”, declaró el fiscal.
El testimonio de Jorge Barata
Uno de los elementos centrales que presentará la fiscalía es el testimonio de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, quien ya habría confirmado el pago ilícito. Según Barata, el fallecido José Miguel Castro, exgerente municipal, fue quien coordinó directamente la entrega del dinero.
“Susana Villarán me llama agradeciéndome. Luego acordamos que 2 millones de dólares se paguen en Brasil por intermedio de Garreta y 1 millón de dólares se dieran a José Miguel Castro para gastos locales”, narró Barata en declaraciones previas que ahora serán materia de juicio.
Más pagos y nuevos testigos
El fiscal Pérez también detalló que, en 2014, cuando Villarán buscaba la reelección, recibió 1 millón 193 mil 816 dólares adicionales de Odebrecht. Estos pagos, indicó, se camuflaron bajo la justificación de obras sobrevaloradas.
El caso no solo se basa en documentos, sino también en un amplio abanico de testigos y colaboradores eficaces. Entre ellos figuran Salomón Lerner Ghitis, los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre, y las excongresistas Anel Townsend y Marisa Glave, quienes habrían tenido conocimiento de los aportes o de las estrategias políticas de campaña.
La acusación fiscal no se limita a Odebrecht. José Domingo Pérez sostuvo que Villarán también habría favorecido a la empresa OAS mediante la firma de una adenda que extendió la concesión de 30 a 40 años y cambió la naturaleza del contrato: pasó de autosostenible a cofinanciado.
Según explicó, este cambio significó que la empresa pudiera recibir más beneficios en perjuicio de la ciudad. Uno de los puntos más polémicos fue que, con la adenda, se eliminó la obligación de construir un nuevo tramo del Metropolitano en la Vía de Evitamiento, afectando directamente al transporte público masivo.
“El resultado fue cero transporte público masivo en Lima, más autos y combis en circulación, y más peajes para OAS”, subrayó Pérez. A cambio, OAS habría entregado 3 millones de dólares en sobornos, distribuidos en partes iguales entre Luis Ernesto Cornejo Rotalde, Óscar Ricardo Vidaurreta y el publicista Valdemir Garreta.
El proceso contra Susana Villarán marca un precedente por tratarse de la primera exalcaldesa de Lima investigada por delitos de gran corrupción ligados al caso Lava Jato. A diferencia de otros procesos, la investigación fiscal detalla con precisión los montos, la ruta del dinero y los contratos firmados durante su gestión, lo que fortalece la acusación.
En paralelo, este juicio también reabre el debate sobre las campañas políticas financiadas con dinero ilícito en el Perú y el papel de los organismos de control electoral frente a estas irregularidades.
Villarán, quien en un inicio negó los aportes de Odebrecht y OAS, terminó reconociendo parcialmente los ingresos en 2019, aunque insistió en que se trató de “aportes de campaña y no sobornos”. No obstante, para el Ministerio Público, la evidencia demuestra que dichos fondos estuvieron condicionados a beneficios contractuales y concesiones millonarias.
En caso de ser hallada culpable, Susana Villarán enfrentaría no solo la pena de 29 años de prisión, sino también la inhabilitación política, lo que marcaría un hito en la historia reciente del país al sancionar a una de las figuras políticas más influyentes de la izquierda capitalina.
