La muerte de José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente municipal de Lima y principal colaborador en la investigación contra la exalcaldesa Susana Villarán, sigue envuelta en un manto de sospechas. El informe de necropsia al que accedió Perú21 revela detalles que ponen en duda la versión oficial de suicidio y refuerzan la hipótesis de un posible homicidio.
Castro, considerado testigo clave en el caso de los aportes ilícitos de Odebrecht y OAS a las campañas de Villarán, fue hallado muerto el 29 de junio de 2025 en el baño de su vivienda, con un corte profundo en el cuello y dos cuchillos a su lado. Su muerte ocurrió apenas días antes de que declarara en el juicio oral contra la exalcaldesa, donde su testimonio iba a ser determinante.
El informe de necropsia de José Miguel Castro
El examen forense, elaborado por las especialistas Ruth Godoy Marañón y Melissa Guerrero Rubio, detalla que la herida principal medía 27 centímetros de largo, con un ancho de 5 cm y una profundidad de 4.5 cm, mucho más extensa que lo reportado inicialmente por la Policía.
El documento describe: “herida punzocortante lineal, de bordes lisos y hemorrágicos, con retracción cutánea que se extiende desde la cara lateral izquierda hasta la cara lateral derecha atravesando la región anterior cervical”, se lee en el documento al que accedió Perú21.
La conclusión oficial fue que la causa de muerte fue un “traumatismo cervical abierto por elemento con punta, filo y/u hoja”. Sin embargo, los peritos subrayaron que la determinación de si fue homicidio o suicidio corresponde únicamente a la Fiscalía.
Informe sobre deceso de José Miguel Castro descartaría la teoría de un suicidio, asegura Miguel Pérez Arroyo
Para el abogado y criminólogo Miguel Pérez Arroyo, el informe descarta que se trate de un suicidio. Según explicó, el corte descrito es limpio, longitudinal y sin vacilación, lo que resulta incompatible con una herida autoinfligida.
“Las características de este corte, longitudinal, liso, no dentado, sin vacilación, marca una pauta en la que podríamos analizar un posible homicidio, ya que las características no son compatibles con un suicidio”, afirmó.
“En este caso, hay sujeto pasivo y resultado de muerte violenta; lo único que falta es identificar al sujeto activo”, señaló.
Evidencias pendientes
A pesar de la contundencia del informe forense, la Policía concluyó en un documento preliminar que la muerte “corresponde a suicidio”. Sin embargo, aún no se ha analizado por completo el teléfono celular de Castro, donde podrían encontrarse pruebas de amenazas recientes.
Ese dispositivo podría revelar mensajes, llamadas o comunicaciones que expliquen si el exfuncionario recibía presiones antes de su muerte.
La viuda descarta suicidio
La versión de la esposa de Castro, Paula Maguiña Ugarte, también contradice la tesis del suicidio. Según su testimonio ante la División de Homicidios, su esposo tenía planes a futuro y mostraba optimismo frente al proceso judicial.
“Él quería reinsertarse laboralmente y esperaba que cuando pasara el juicio pudiéramos reunirnos como familia. No me imagino a mi esposo quitándose la vida sabiendo el daño que eso causaría a nuestros hijos”, declaró.
Maguiña recordó además que Castro fue siempre muy consciente del impacto mediático de su caso y no quería exponer a su familia nuevamente a una situación traumática como la que vivieron durante su prisión preventiva entre 2019 y 2020.
Rafael López Aliaga mencionado en la declaración de la esposa de José Miguel Castro
Un detalle que generó controversia fue la declaración de Maguiña al ser preguntada sobre posibles enemigos de su esposo. La viuda mencionó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, así como a medios de comunicación con los que Castro habría tenido conflictos en el pasado.
Según IDL Reporteros, Castro fue presidente del directorio de la Caja Municipal durante la gestión de Villarán, cuando se suscribieron contratos cuestionados con empresas vinculadas a López Aliaga, como ACRES Sociedad Titulizadora y ACRES Finance SA.
La Fiscalía investigó esas operaciones y determinó que se realizaron sin justificación real. Ante la mención de su nombre, López Aliaga respondió por WhatsApp a Perú21: “No lo he conocido ni tratado nunca. No tengo ningún vínculo con él”.
El burgomaestre fue más allá y sugirió que Castro pudo haber sido asesinado: “Era el primer testigo en el caso de Susana Villarán. En mi opinión, lo mataron para que no diera su testimonio acusatorio contra Villarán y sus cómplices”.
El papel clave de José Miguel Castro en el caso de Susana Villarán
Castro era señalado como el gestor de los aportes millonarios de Odebrecht y OAS para las campañas de Villarán. Según las investigaciones del fiscal José Domingo Pérez, el exgerente municipal coordinó directamente con ejecutivos brasileños y con publicistas como Valdemir Garreta y Luis Favre la canalización de los fondos.
Su declaración como colaborador eficaz iba a ser fundamental para corroborar el vínculo entre las decisiones de la gestión municipal y los pagos ilícitos. La muerte de Castro, a pocos días de su participación en el juicio, dejó un vacío de información que debilita la línea acusatoria.
Un caso aún abierto
El fiscal Richard Rojas tiene la responsabilidad de determinar la naturaleza de la muerte. Sin embargo, hasta ahora no hay sospechosos identificados ni imputados por homicidio.
La duda permanece: ¿Castro se quitó la vida o fue víctima de un crimen para silenciarlo? El informe de necropsia, los testimonios de la familia y las inconsistencias en la versión policial refuerzan la percepción de que su muerte fue un asesinato cuidadosamente ejecutado.
