El portal institucional del diario oficial El Peruano sufrió una intervención este domingo 28 de septiembre: un colectivo autodenominado Deface Perú se atribuyó la autoría del incidente y colocó en la página un fondo oscuro con mensajes en letras verdes dirigidos contra el Gobierno de Dina Boluarte. Según notas periodísticas, la alteración dejó temporalmente inaccesibles las publicaciones oficiales que normalmente aloja el medio.
En el mensaje publicado por los hacktivistas se lee un tono de advertencia y protesta. “Nos están viendo. Nos están escuchando. Y no vamos a callar… Cada bala disparada, cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar”, dice parte del texto que los autores colocaron en la portada del portal oficial. El colectivo afirmó no pertenecer a agrupaciones políticas y se presentó como una “sombra de la memoria” que busca visibilizar lo que considera injusticias estatales.
Deface Perú no es nuevo en la escena digital local. Medios registran que el grupo —y miembros identificados públicamente como InkaRoot— ya protagonizaron anteriores filtraciones y divulgaciones de información sensible, incluida la reciente exposición de datos vinculados a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (la llamada “Dirin Leaks”). Tras aquella divulgación, la PNP confirmó la vulneración de sus servidores, aunque el comandante general Víctor Zanabria sostuvo que se trató de una “filtración interna” y no de un ataque externo. Esa diferencia de versiones ha alimentado la polémica sobre la seguridad informática de las instituciones públicas.
Hackeos pueden significar un riesgo para las portales de instituciones del Estado
Especialistas en ciberseguridad suelen recordar que los ataques a sitios web oficiales, además del impacto simbólico, pueden implicar riesgos reales: modificación o eliminación de normas, pérdida temporal de acceso a información pública, y en algunos casos la difusión de datos sensibles que afectan a ciudadanos y agentes del Estado. En el episodio del 28 de septiembre los informes iniciales señalan que El Peruano recuperó el control de su web después de unas horas, pero el hecho pone en evidencia la necesidad de auditorías y refuerzos técnicos continuos.
Desde un punto de vista político y comunicacional, estas acciones —reivindicadas por hacktivistas— buscan amplificar reclamos sociales y obtener repercusión mediática mediante la interrupción de canales oficiales. Para el Gobierno y las instituciones afectadas, el reto es doble: contener el incidente y a la vez restablecer confianza pública en la protección de datos y la disponibilidad de la información oficial. Analistas recomiendan una investigación técnica independiente y comunicación transparente sobre las medidas tomadas para mitigar riesgos futuros.
