La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió un informe en el que denuncia un preocupante incremento de la violencia policial durante la cuarta jornada de la marcha denominada “Generación Z”, llevada a cabo en Lima. El organismo registró 6 personas detenidas, entre ellas un menor de edad, de las cuales 3 permanecen bajo custodia. Asimismo, documentó 14 casos de agresiones físicas y 2 ataques contra miembros de la prensa, lo que refuerza la percepción de un patrón de represión estatal frente a las protestas sociales.
Dicha organización advirtió en sus redes sociales que las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza representan una grave vulneración de derechos fundamentales, además de un abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Recordaron que el derecho a la protesta está reconocido constitucionalmente y no puede ser tratado como un delito.
Detectaron a efectivos de la PNP apuntar a manifestantes desde el puente de Acho
Uno de los episodios más alarmantes se produjo en el puente peatonal de Acho, donde imágenes difundidas en medios y redes sociales muestran a agentes de la PNP apuntando con armas hacia manifestantes. El hecho resultó aún más grave porque en el lugar no solo había jóvenes que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, sino también niños, comerciantes y transeúntes que nada tenían que ver con la movilización.
Según los videos registrados, los efectivos policiales avanzaron por el puente sin considerar la presencia de personas ajenas a la protesta y adoptaron posiciones de ataque con armas listas, exponiendo a la población civil a un riesgo innecesario.
Violencia a la comunidad shipiba de Cantagallo
En simultáneo, la PNP realizó un operativo en la comunidad shipiba de Cantagallo, situada cerca de Acho. Testimonios recogidos por los comuneros señalan que los agentes ingresaron lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones incluso dentro de las viviendas.
“Han entrado la Policía a tirar perdigones a cualquiera que encontraron. Nosotros no tenemos nada que ver”, denunció un vecino. Otra pobladora narró que en el momento del ataque los padres y niños estaban en casa jugando, cuando los efectivos irrumpieron y dispararon sin previo aviso. Como resultado, varias personas resultaron heridas, incluyendo niños y adultos que intentaban proteger a sus familias.
Los reportes de la CNDDHH y los testimonios de los afectados refuerzan la preocupación por el manejo policial de las manifestaciones en el Perú. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han advertido en reiteradas ocasiones que el uso desproporcionado de la fuerza no solo criminaliza la protesta social, sino que además pone en riesgo la vida e integridad de personas ajenas a las movilizaciones.
La comunidad internacional y organismos de vigilancia en materia de derechos humanos mantienen bajo observación la situación del país, donde las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte han estado acompañadas de denuncias por represión y abusos sistemáticos.
Con los hechos ocurridos en la marcha “Generación Z” y en Cantagallo, la tensión entre el Estado y los sectores movilizados parece incrementarse. Mientras los colectivos ciudadanos exigen respeto a la protesta pacífica, la respuesta policial sigue marcada por operativos violentos que dejan heridos, detenidos y un clima de desconfianza hacia las instituciones.
