La situación judicial y política de Betssy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, atraviesa un momento decisivo. La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 17 votos a favor y 4 en contra, el informe final que recomienda inhabilitarla por 10 años de la función pública debido a su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El expediente, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pasará ahora al Pleno del Parlamento, que será el encargado de definir si se concreta la sanción. Cabe precisar que los miembros de la Comisión Permanente no podrán participar en esa votación, conforme lo establece el reglamento interno del Congreso.

Fundamentos de la acusación contra Betssy Chávez

La denuncia constitucional N.° 351, presentada por la congresista Patricia Chirinos, señala que Betssy Chávez habría vulnerado los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú. Según la acusación, la ex primera ministra participó activamente en las acciones previas y posteriores al fallido mensaje de Pedro Castillo, en el que anunció la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”.

De confirmarse la inhabilitación en el Pleno, Chávez no podrá postular a cargos públicos en las Elecciones Generales de 2026. Pese a ello, en septiembre su abogado, Raúl Noblecilla, reveló que la excongresista ya se afilió al partido Juntos por el Perú con miras a retomar su carrera política.

Defensa y críticas

Durante su presentación en la Comisión del Congreso, Noblecilla calificó de “absurda” la denuncia y sostuvo que la acusación busca silenciar políticamente a su patrocinada. “Que se sepa, hay un pueblo, hay 50 muertos, hay una historia por escribirse, y si hoy silencian a Betssy Chávez, el pueblo la pondrá en el lugar que le corresponde”, expresó el abogado, en referencia a las víctimas de las protestas posteriores a la vacancia de Pedro Castillo.

La defensa insiste en que Chávez no tuvo participación directa en el intento de golpe y que su proceso responde a un contexto de persecución política.

Investigación penal en curso

Paralelamente al proceso político en el Congreso, Chávez enfrenta una investigación por el presunto delito de rebelión, en el marco de las diligencias sobre los sucesos de diciembre de 2022. La Fiscalía ha solicitado una pena de 26 años de prisión, acusándola de haber colaborado en los hechos que derivaron en la crisis política y social más grave de los últimos años.

El caso se encuentra actualmente en etapa de juicio oral. Chávez afronta este proceso en libertad, después de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación al determinar que su detención inicial, de ocho días, careció de orden judicial y fue arbitraria.

Restricciones judiciales

Aunque se encuentra en libertad, Betssy Chávez tiene una orden de impedimento de salida del país por 10 meses. Además, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la imposición de nuevas medidas restrictivas, entre ellas: prohibición de acercarse a embajadas, así como de mantener comunicación con políticos, ministros o presidentes extranjeros.

Estas restricciones, fundamentadas en el artículo 287 del Código Procesal Penal, buscan reducir el riesgo de fuga y evitar la obstrucción de la justicia durante el desarrollo del proceso.

El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, evaluará el próximo viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana el pedido de la Fiscalía para reforzar las restricciones a Chávez. En esa audiencia estarán presentes tanto la defensa legal de la ex primera ministra como el representante del Ministerio Público.

El desenlace del proceso parlamentario será crucial para definir si Chávez podrá volver a postular en las elecciones de 2026. Si el Pleno del Congreso confirma la sanción de inhabilitación, quedará apartada de la política activa por una década. En paralelo, el proceso penal podría acarrearle una condena severa, que incluso pondría en riesgo su libertad.

Lo cierto es que el caso de Betssy Chávez se ha convertido en uno de los expedientes más representativos de la crisis política iniciada en diciembre de 2022. Su desenlace marcará no solo su futuro personal, sino también el rumbo de la relación entre el Parlamento, el Poder Judicial y los sectores políticos que buscan recomponerse de cara a los próximos comicios.