El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, anunció que solicitará que el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declare como testigo en el juicio contra la exburgomaestre Susana Villarán. La diligencia se enmarca en el proceso judicial por los millonarios aportes de las constructoras Odebrecht y OAS entre los años 2013 y 2014, en plena campaña de la revocatoria.
En entrevista con RPP Noticias, el fiscal consideró que resulta “pertinente” que el actual alcalde limeño brinde su testimonio, dado que en la actualidad ha presentado un escrito en el que exige que la Fiscalía adopte medidas respecto a los peajes de Lima, concesión que estuvo vinculada a las empresas investigadas.
“Creo que también es pertinente que declare en juzgamiento en el caso de la señora Susana Villarán. Hay un estadío que se conoce como la prueba nueva, en la que la Fiscalía va a procurar que se reciba también el testimonio en juzgamiento del señor Rafael López Aliaga”, explicó Pérez.
Pedido de nueva prueba en el juicio a Susana Villarán
Según detalló el fiscal, el pedido será planteado en la etapa procesal correspondiente al ofrecimiento de “prueba nueva”, procedimiento que se iniciará en aproximadamente dos semanas. De ser admitido, López Aliaga deberá acudir a la sala que juzga a Villarán de la Puente para brindar su versión como testigo.
“Se va a solicitar a los jueces que permitan la actuación, en calidad de prueba nueva, del alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Él ha presentado un escrito indicando que la Fiscalía tiene que adoptar ciertas medidas en relación de los peajes, que corresponden a la concesión de Rutas de Lima”, agregó el integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato.
El fiscal recalcó que el testimonio del burgomaestre es clave, ya que actualmente es la máxima autoridad de la comuna limeña y su posición institucional podría reforzar los argumentos de la acusación sobre los presuntos perjuicios económicos ocasionados por los contratos de concesión.
Fiscalía insiste en escuchar al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga
Pérez Gómez remarcó que “el alcalde de Lima tiene que ser escuchado” por los jueces, en la medida en que su intervención puede aportar información directa sobre el impacto de los contratos cuestionados.
“Si la Municipalidad de Lima undica que el daño está presente en relación con esta concesión, entonces sería pertinente que también los jueces escuchen al alcalde”, señaló.
El fiscal del caso Lava Jato también adelantó que espera que la Procuraduría Pública se sume a la solicitud, al considerar que el testimonio de López Aliaga fortalecería la posición del Estado como parte agraviada en este proceso.
El caso Villarán: Fiscalía pide 29 años de cárcel
El proceso contra Susana Villarán avanza con una acusación contundente del Ministerio Público, que ha solicitado 29 años de prisión efectiva, además de 426 días-multa y siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Villarán es acusada de los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica. Según la Fiscalía, durante su gestión como alcaldesa de Lima habría recibido millonarios aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra su revocatoria y posteriormente su reelección.
Estos aportes no fueron declarados y habrían servido como moneda de cambio para favorecer a dichas empresas con la firma y mantenimiento de contratos de concesión de peajes en la capital, entre ellos el de Rutas de Lima.
La inclusión de Rafael López Aliaga como testigo introduce un nuevo matiz político al caso. Como actual alcalde de Lima, sus declaraciones podrían resultar determinantes para establecer el nivel de perjuicio económico que los contratos de concesión habrían ocasionado a la ciudad.
El proceso judicial contra Susana Villarán es uno de los más emblemáticos derivados del caso Lava Jato en el Perú y podría sentar un precedente histórico en la lucha contra la corrupción política y empresarial.
