El Poder Judicial emitió una resolución trascendental que impacta directamente en la disputa legal entre el expresidente Pedro Castillo Terrones y el Congreso de la República. A través del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio, se ordenó al Legislativo otorgar la pensión vitalicia al exmandatario, anulando las resoluciones que previamente le negaron este beneficio tras su destitución en diciembre de 2022.
Una decisión en favor de la igualdad
El fallo judicial sostiene que el Parlamento incurrió en un trato desigual al resolver solicitudes similares de exjefes de Estado. Según el pronunciamiento, hubo un “evidente resultado desigual ante la misma solicitud, sin que la emplazada haya cumplido con motivar debidamente las razones por las cuales a uno de los expresidentes le otorga la pensión vitalicia y al otro no”.
El contraste más notorio se dio entre Alberto Fujimori Fujimori y Pedro Castillo. Mientras al primero se le concedió el beneficio pese a sus sentencias por delitos de corrupción y lesa humanidad, al segundo se le denegó, aun cuando no cuenta con una condena en firme.
La Ley 26519 en debate
Tanto Castillo como Fujimori se ampararon en la Ley 26519, norma que establece el derecho a pensión vitalicia para los expresidentes democráticamente elegidos. Sin embargo, el Congreso aplicó criterios distintos en cada caso.
En la resolución, incluso se presenta como prueba una boleta de pago que acredita la pensión vitalicia de Fujimori, demostrando que sí se ha otorgado este beneficio en situaciones similares.
Argumentos del Poder Judicial
El tribunal concluyó que el derecho a la igualdad de Pedro Castillo fue vulnerado. “Se debe concluir que en el presente caso se ha vulnerado el derecho a la igualdad del amparista, al existir otro caso en similares condiciones en los que sí se otorgó el derecho a la pensión vitalicia en calidad de expresidente (bajo la Ley 26519)”, señala la sentencia.
El Poder Judicial cuestionó, además, que el Congreso solo haya afirmado que el proceso de evaluación se encontraba “paralizado”, sin una motivación clara ni objetiva.
El fallo abre un nuevo capítulo en la controversia política que rodea al expresidente Castillo, quien cumple prisión preventiva mientras enfrenta procesos judiciales por su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
A nivel político, la decisión también interpela al Congreso, pues obliga a aplicar criterios uniformes en la evaluación de beneficios a exmandatarios, evitando resoluciones que puedan ser interpretadas como arbitrarias o discriminatorias.
Con este pronunciamiento, Castillo podría acceder a la pensión vitalicia que otorga la ley, mientras se mantiene a la espera de definiciones en los procesos judiciales que enfrenta.
