La presidenta de la República, Dina Boluarte, volvió a generar controversia tras pronunciarse sobre el paro nacional de transportistas que se lleva a cabo este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, convocado como protesta por la creciente ola de extorsiones, asesinatos y violencia que golpea al sector.

Durante un acto oficial en el distrito de Chorrillos, la mandataria pidió a los transportistas “no detener el país”, al considerar que un paro de 24 o 48 horas no resuelve el problema de la inseguridad ciudadana.

“Los asesinatos de sus compañeros de trabajo nos duelen también como Gobierno. Por ello, estamos dando la lucha todos los días. Nuestra policía está en la calle todos los días. Pero, con un paro de 24 o 48 horas, hermano transportistas, no resuelve y no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar”, declaró la presidenta Dina Boluarte ante los medios de comunicación.

Paro de transportistas y ola de violencia

El nuevo paro fue convocado por distintos gremios del transporte urbano e interprovincial, quienes reclaman mayor protección frente a las bandas criminales que exigen cupos y amenazan a conductores y empresarios del sector. Solo en los últimos meses, varias ciudades del norte y centro del país han registrado atentados con explosivos y asesinatos vinculados a mafias de extorsión, lo que ha generado alarma en la población.

Pese a ello, las declaraciones de la presidenta Boluarte fueron interpretadas por diversos sectores como un intento de minimizar la magnitud del problema, en momentos donde el país enfrenta una de las crisis de seguridad más graves de los últimos años.

“No abran llamadas ni mensajes”: la polémica recomendación de Dina Boluarte

Durante su discurso, la jefa de Estado planteó una inusual recomendación para enfrentar el delito de extorsión: no abrir mensajes ni responder llamadas telefónicas provenientes de desconocidos o de números con códigos internacionales.

“Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanóa en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes. Pero, lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a su celular y dar cuenta a la Policía”, expresdo Dina Boluarte.

La mandataria también pidió a los ciudadanos no contestar llamadas con código distinto al +51, que corresponde al Perú, advirtiendo que los delincuentes suelen utilizar códigos extranjeros para simular llamadas del exterior con fines fraudulentos.

“El código del Perú es 51. Si a sus celulares ingresa otro código distinto, no respondan. Los mensajes son diversos, no solo para amenazar o chantajear. A veces les dicen que tienen remesas o depósitas en bancos, y ahí empieza la estafa. No los abran, comuniquen a la PNP”, indicó Boluarte Zegarra.

“Más denuncias, más extorsiones”: una afirmación cuestionable de Dina Boluarte

Boluarte también sugirió que el incremento de los casos de extorsión se debería, en parte, a un aumento de las denuncias formales. “Si bien es cierto, el tema de la extorsión se está incrementando, también hay más denuncias. Antes la gente se quedaba callada. Ahora están reportando los hechos y la PNP los va a respaldar en todo momento”, sostuvo.

Esta afirmación generó críticas entre especialistas en seguridad, quienes consideraron que el Gobierno intenta maquillar las cifras en lugar de presentar un plan efectivo para combatir el crimen organizado. Según datos recientes de la Defensoría del Pueblo, el 80 % de los transportistas en Lima y Callao ha recibido amenazas o intentos de extorsión durante el último año.

Reacciones y cuestionamientos

Diversos gremios del transporte rechazaron las declaraciones presidenciales, calificándolas de “irresponsables” y “desconectadas de la realidad”. Voceros del sector señalaron que la protesta busca precisamente llamar la atención del Ejecutivo ante la falta de resultados concretos en la lucha contra las mafias que controlan rutas, obras y terminales.

Por su parte, analistas políticos subrayan que las palabras de Boluarte reflejan una estrategia comunicacional errática, en la que se intenta restar importancia a las movilizaciones sociales mientras se delega la responsabilidad de seguridad a los propios ciudadanos.