La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque solicitó ocho años de prisión efectiva para el excomandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Abraham Arturo Cuadros Rojas, quien fue jefe de la Unidad de Tránsito de Chiclayo. El alto mando policial es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio y por liderar una red criminal dedicada al cobro ilegal de cupos a transportistas, conocida como “Los Rápidos del Norte”.
Según la tesis fiscal, Cuadros Rojas habría encabezado una organización integrada por oficiales y suboficiales de la PNP que operaban bajo su mando en la ciudad de Chiclayo. El grupo, que también involucraba a civiles, se habría beneficiado económicamente mediante el cobro de sobornos diarios de entre S/20 y S/50 a conductores de transporte formal e informal. A cambio, los efectivos policiales permitían que las unidades circulen sin ser multadas o intervenidas.
Una red que operaba a través de Yape y pagos en efectivo
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los sobornos eran gestionados a través de aplicativos móviles de pago como Yape o mediante entregas directas en efectivo. Las evidencias muestran un patrón de transacciones repetidas entre los transportistas y los implicados, lo que revelaría la existencia de una estructura organizada y jerárquica.
La fiscal Karim Ninaquispe, a cargo del caso, detalló que parte del dinero recaudado se distribuía entre los mandos policiales de la región, incluyendo al propio Cuadros Rojas y al teniente Luis Miguel Salcedo, quienes habrían controlado la recaudación diaria y protegido a los agentes involucrados.
“La organización generaba ingresos ilícitos a costa del transporte público en Chiclayo. El pago de cupos se convirtió en una práctica sistemática, vulnerando el principio de legalidad y fomentando la corrupción dentro de la institución policial”, indicó la fiscal en su requerimiento.
Prisión preventiva ampliada y nuevas pruebas
El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios logró que el Poder Judicial amplíe la prisión preventiva por 18 meses más contra Cuadros Rojas, quien actualmente cumple reclusión en el penal de Chiclayo.
La solicitud fue sustentada en la complejidad del caso, el número de implicados y la aparición de nuevas pruebas que confirman la existencia de una red criminal al interior de la Policía Nacional. Entre las evidencias figuran documentos bancarios, audios, registros de pagos digitales, así como testimonios de testigos protegidos que habrían participado en la entrega de dinero.
El Ministerio Público informó además que 32 personas están bajo investigación, de las cuales 20 son efectivos policiales y 12 son civiles. Tres de los agentes implicados ya confesaron su participación en los hechos delictivos y fueron condenados a cinco años de prisión, lo que refuerza la tesis de la Fiscalía.
Operativo en Chiclayo y desmantelamiento parcial de la presunta red criminal
Las investigaciones señalan que la organización operó activamente durante 2023 y los primeros meses de 2024, hasta que fue intervenida en un megaoperativo de allanamiento y detención realizado en marzo de 2024.
Durante la intervención, la Fiscalía y la Policía Anticorrupción incautaron equipos de comunicación, documentos contables y teléfonos celulares que contenían evidencias de las coordinaciones internas para el cobro de los cupos.
“Esta modalidad delictiva se extendió hasta mediados de marzo de 2024, cuando la Fiscalía ejecutó diligencias de allanamiento con fines de detención”, indicó la institución en un comunicado oficial.
Corrupción dentro de la PNP bajo la lupa
El caso “Los Rápidos del Norte” vuelve a poner en debate la corrupción estructural dentro de la Policía Nacional, particularmente en áreas sensibles como el control del transporte urbano. La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque aseguró que continuará investigando la posible participación de otros oficiales de alto rango que habrían permitido o encubierto la red de cobros ilegales.
Mientras tanto, Cuadros Rojas permanece recluido a la espera del juicio oral que definirá su futuro. Si la acusación prospera, podría enfrentar una condena de hasta ocho años de cárcel efectiva, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de reparación civil al Estado peruano.
