El debate sobre la vigencia y utilidad de los prefectos y subprefectos en el Perú vuelve a tomar relevancia. Estas autoridades políticas, designadas por el Ministerio del Interior, tienen como objetivo representar al Estado en las regiones y distritos del país. No obstante, su papel ha sido cuestionado por considerarse figuras simbólicas más que funcionales dentro de la actual estructura estatal.

Tradicionalmente, los prefectos y subprefectos se encargan de mediar en conflictos sociales, otorgar garantías personales por ejemplo, en casos de violencia familiar, y coordinar acciones con la Policía Nacional y las rondas campesinas para mantener el orden interno. En muchas zonas rurales, su presencia representa el único nexo directo entre la ciudadanía y el Gobierno central.

Sin embargo, diversos especialistas y parlamentarios han señalado que estas funciones podrían duplicar competencias con las de alcaldes, gobernadores o comisarías locales, lo que ha motivado propuestas para revisar su pertinencia.

En ese contexto, el Proyecto de Ley N.º 2882, presentado en 2022, planteó la eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos, con el argumento de optimizar los recursos públicos y modernizar la gestión del Ministerio del Interior. Pese a haber sido aprobado en comisión, el proyecto permanece en la agenda del Pleno del Congreso sin haber sido debatido hasta la fecha.

La discusión sobre su futuro sigue abierta: ¿siguen siendo necesarios los prefectos y subprefectos como representantes del Estado en zonas alejadas, o su función debe ser reemplazada por mecanismos más modernos de presencia estatal?