El fiscal provincial Ángel Astocondor solicitó al Poder Judicial dictar impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, investigada por el presunto delito de lavado de activos dentro del marco del caso Los Dinámicos del Centro, una presunta red de corrupción vinculada a altos cuadros políticos del partido Perú Libre.
Este requerimiento, según fuentes judiciales, se tramita de manera independiente al pedido que presentará el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien durante la madrugada anunció que también solicitará una medida restrictiva contra Boluarte, aunque sin precisar aún en cuál de las investigaciones abiertas sería formulado.
Dos pedidos en curso contra Dina Boluarte
A diferencia del pedido de Gálvez —que será evaluado por la Corte Suprema de Justicia al tratarse de un caso especial por la condición de exmandataria—, el requerimiento presentado por Astocondor será analizado por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
De acuerdo con el procedimiento, el juez competente deberá convocar a una audiencia pública en la que el fiscal sustentará los fundamentos de su solicitud, exponiendo los riesgos procesales que justificarían restringir la salida del país de Boluarte.

Durante la sesión, la defensa legal de Dina Boluarte podrá presentar su oposición o allanarse al pedido, según la estrategia jurídica que adopte. La medida, de aprobarse, impediría a la exmandataria abandonar el territorio nacional durante un periodo de tres años, mientras continúa la investigación preparatoria en su contra.
Investigación por lavado de activos y presunto vínculo con Los Dinámicos del Centro
El caso Los Dinámicos del Centro surgió como una investigación por presuntos cobros irregulares en la emisión de licencias de conducir en Junín y derivó en acusaciones por lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas.
El Ministerio Público sostiene que el esquema habría sido utilizado para recaudar fondos destinados a la campaña electoral de Perú Libre y que parte de esos recursos habrían sido canalizados a través de aportes no declarados y operaciones financieras irregulares.
Dina Boluarte, quien asumió la Presidencia de la República tras la vacancia de Pedro Castillo, fue incluida en esta línea de investigación por presuntamente haber recibido o gestionado aportes no reportados durante su participación política.
El pedido de impedimento de salida del país marca un nuevo capítulo judicial para Boluarte, quien ya enfrenta otras investigaciones abiertas por presunto enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad durante su gestión como presidenta.
El Poder Judicial deberá definir en los próximos días la fecha de la audiencia para evaluar el pedido del fiscal Astocondor. De ser aprobado, Boluarte no podría salir del Perú ni por vía aérea, marítima o terrestre, sin autorización judicial expresa.