El presidente de la República, José Jerí Oré, fue el autor del informe que recomendó el archivo de la denuncia constitucional presentada contra la exmandataria Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales que sacudieron al país entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
El documento elaborado por Jerí fue aprobado por mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso el 18 de julio de 2024, en una sesión reservada presidida por la parlamentaria María Acuña (Alianza para el Progreso).
El informe señalaba que no existían elementos ni pruebas suficientes para acusar a la exjefa de Estado por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves. Sin embargo, se precisó que el archivo parlamentario no impedía la continuidad de las investigaciones penales que lleva a cabo el Ministerio Público.
La denuncia constitucional contra Dina Boluarte
La denuncia, identificada como Constitucional N.º 509, fue presentada por el entonces fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, quien imputaba a Boluarte presunta responsabilidad en la represión de las manifestaciones ocurridas en Puno, Ayacucho, Cusco y otras regiones del sur del país, donde murieron más de 60 ciudadanos durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden.
El informe elaborado por José Jerí concluyó que “no se acreditó una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal” de la exmandataria en los hechos denunciados.
Según el documento, los elementos presentados por la Fiscalía “no permitían establecer una relación de mando ni una orden expresa” que vinculara a Boluarte con las muertes ocurridas.
Posteriormente, el 11 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso ratificó la recomendación de Jerí y archivó la denuncia de manera definitiva con 12 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones.
De este modo, el Parlamento dio por cerrado el proceso político-constitucional, aunque la investigación penal continúa en el Ministerio Público bajo la competencia de la Fiscalía de Derechos Humanos.
José Jerí: “No había elementos de prueba suficientes”
En una entrevista concedida a Cuarto Poder, José Jerí defendió su informe y afirmó que su decisión se sustentó en la falta de evidencia sólida presentada por la Fiscalía.
“El informe recoge lo que la Fiscalía presentó en base a los hechos. Si la Fiscalía no presenta todos los elementos, los elementos contundentes, toda la información que debe tener para que el Congreso tome una decisión razonable, no vamos a acusar a alguien si no hay pruebas. No habían los elementos en ese momento con los actuados que presentó la Fiscalía”, sostuvo José Jerí.
Asimismo, negó que el archivo buscara blindar políticamente a la exmandataria y subrayó que el Congreso solo actúa sobre la base de los hechos acreditados en la documentación fiscal.
Jerí insistió en que su decisión no exime a Boluarte de responsabilidad penal, ya que esa será determinada exclusivamente por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Hubo excesos puntuales, pero la Fiscalía debe identificar a los culpables”
Consultado sobre su posición respecto a las muertes en las protestas sociales, el hoy presidente de la República reconoció que se produjeron “excesos muy puntuales” por parte de las fuerzas del orden, pero que la responsabilidad individual debe establecerse a través de las investigaciones judiciales.
“Yo creo que dentro de las protestas hubo excesos muy puntuales, muy específicos, que lo está determinando la Fiscalía y que va a tener que proceder conforme a sus competencias. Finalmente, el Poder Judicial tendrá que sancionar a los responsables”, afirmó.
El mandatario también sostuvo que, hasta la fecha de la votación en la Subcomisión, no existían evidencias claras de una cadena de mando ni de “una indicación expresa” de la exmandataria o su gabinete para reprimir con violencia las protestas.
La decisión de archivar la denuncia contra Boluarte generó amplias críticas de organizaciones de derechos humanos, sectores de la oposición y familiares de las víctimas, quienes consideran que el Congreso actuó para garantizar impunidad política a la exmandataria.
Diversos colectivos sociales calificaron el informe de Jerí como un “blindaje institucional”, argumentando que la Subcomisión no tomó en cuenta los informes de la Defensoría del Pueblo ni las evidencias recogidas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que documentaron presuntos abusos del uso de la fuerza militar y policial.
Sin embargo, legisladores cercanos a Somos Perú y sectores del centro político defendieron la decisión señalando que no puede aprobarse una acusación constitucional sin pruebas concluyentes.
El tema continúa generando debate en el ámbito político y judicial, especialmente ahora que José Jerí, autor del informe que exoneró a Boluarte, ocupa la Presidencia de la República, lo que renueva las controversias sobre su independencia política y su papel en la búsqueda de justicia para las víctimas de las protestas
