El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció este viernes sobre las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien un día antes identificó al suboficial de tercera Luis Magallanes como el autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Trvko, durante las protestas del pasado 15 de octubre en el centro de Lima.
En entrevista con RPP Noticias, Tiburcio evitó confirmar la versión de Arriola y señaló que el caso “aún está en investigación”, por lo que no corresponde adelantar conclusiones. Además, contradijo abiertamente al jefe de la PNP al sostener que el agente sí formaba parte del plan policial implementado para la jornada de manifestaciones.
“El general Arriola ha informado que habría un suboficial de la Dirincri, de Secuestros, como uno de los presuntos autores del hecho. Sin embargo, esto está en proceso de investigación. No podemos adelantarnos a ningún hecho”, expresó Tiburcio.
El ministro explicó que el operativo policial desplegado el 15 de octubre incluía equipos de intervención para casos de flagrancia delictiva, conformados por personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), entre ellos el propio suboficial Magallanes.
“Todo este planeamiento que realizó la Policía Nacional contenía lineamientos y equipos de intervención para la flagrancia delictiva. Esos equipos estaban dispuestos para personal de la Dirincri, por eso está el efectivo Luis Magallanes, que pertenece a Secuestros. Entonces, aquí había todo un planeamiento; era parte del planeamiento”, enfatizó el ministro del Interior a RPP.
Contradicciones en la versión oficial
Las declaraciones de Tiburcio se contradicen directamente con las ofrecidas por Arriola un día antes. En conferencia de prensa, el jefe policial afirmó que el disparo que acabó con la vida de Ruiz fue realizado por el suboficial Magallanes, pero aclaró que su accionar no formaba parte del plan policial previsto para la marcha.
“El autor de ese disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirincri, no al grupo Terna. Estuvo comprendido en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay”, sostuvo Óscar Arriola.
Asimismo, indicó que el hecho fue “totalmente aislado del planeamiento policial” y que las investigaciones están a cargo de la División de Homicidios, bajo supervisión del Ministerio Público.
Vicente Tiburcio: “El agente no portaba armamento”
El ministro también afirmó que los integrantes del grupo de flagrancia, incluido Magallanes, no debían portar armas durante su labor en la marcha. “Cuando hablamos de planeamiento, nos referimos a que el personal de los equipos de flagrancia no llevaba armamento”, dijo Tiburcio.
Esta declaración ha generado nuevas interrogantes sobre cómo el suboficial Magallanes accedió a un arma de fuego y bajo qué circunstancias realizó el disparo que terminó con la vida del manifestante.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que Magallanes se encuentra detenido y bajo investigación. Su diagnóstico médico indica que presenta lesiones múltiples y politraumatismo, presuntamente causadas durante los enfrentamientos en la protesta.
Reacciones y proceso fiscal
El caso ha provocado fuertes críticas desde diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, que demandan una investigación imparcial y sanciones proporcionales si se confirma la responsabilidad policial.
La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos y contra el Terrorismo asumió las diligencias, las cuales incluyen el análisis de videos, peritajes balísticos y testimonios. El Ministerio Público busca esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo y determinar si existió un uso desproporcionado de la fuerza.
Mientras tanto, el ministro Tiburcio aseguró que su despacho cooperará con todas las instancias judiciales y reiteró que el gobierno no tolerará abusos. “Toda actuación irregular será sancionada conforme a ley. El caso está en manos de la justicia”, afirmó.
El asesinato de Eduardo Ruiz se ha convertido en un nuevo punto de tensión entre el Ejecutivo y la Policía Nacional, abriendo un debate sobre el manejo de las manifestaciones, la cadena de mando y la transparencia en los operativos.
