El Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses solicitado por la Fiscalía contra la expresidenta Dina Boluarte, quien es investigada por el presunto delito de negociación incompatible en el marco del caso ‘Cirugías’.
La resolución fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien consideró que no existen pruebas suficientes para restringir el derecho al libre tránsito de la exmandataria.
El magistrado sostuvo que el Ministerio Público no acreditó peligro de fuga ni riesgo de obstaculización de la justicia, descartando así los argumentos del fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera Baltazar, quien había planteado la medida cautelar.
El juez descartó indicios de peligro procesal
En su resolución, el juez Checkley subrayó que los argumentos del Ministerio Público eran especulativos y carecían de respaldo documental.
El fiscal Rivera Baltazar había sostenido que Boluarte contaba con vínculos económicos y familiares en el extranjero, además de recursos para evadir la acción de la justicia; sin embargo, el juez concluyó que estos indicios “eran conjeturales y no acreditaban peligro procesal concreto”.
Con esta decisión, la expresidenta podrá salir del país sin restricciones judiciales, aunque el proceso fiscal en su contra sigue en curso.
Los hechos que motivaron la investigación fiscal
El caso ‘Cirugías’ forma parte de las investigaciones abiertas contra la exjefa de Estado por presuntas injerencias en EsSalud.
Según la tesis fiscal, Dina Boluarte habría favorecido a personas vinculadas al médico Mario Cabani Ravello, quien la atendió en procedimientos estéticos cuando era presidenta, a cambio de beneficios y designaciones en la administración pública.
El fiscal Rivera Baltazar detalló tres hechos principales en la imputación:
- Designación de María Elena Aguilar del Águila, excolaboradora de Cabani, como presidenta ejecutiva de EsSalud en octubre de 2023.
- Contratación de Natalie Román Schmitt como subgerente de Promoción Social, tras un presunto correo enviado desde Palacio por el entorno del cirujano.
- Pago de S/196.000 al médico Javier Sánchez Ingunza, integrante del equipo que realizó las cirugías, cuya liquidación se habría acelerado por orden directa de la entonces presidenta.
De acuerdo con la Fiscalía, estos hechos revelarían un patrón de favorecimiento indebido, que podría configurar el delito de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
Defensa de Boluarte niega irregularidades y denuncia motivación política
Durante la audiencia, el abogado César Castro Grados, defensor de Boluarte, calificó la solicitud de la Fiscalía como “carente de sustento legal” y señaló que se trataba de una medida con motivaciones políticas.
“No existe riesgo de fuga ni obstaculización, solo una intención de generar titulares. La señora Boluarte ha acudido a todas las citaciones del Ministerio Público y mantiene su disposición a colaborar con las investigaciones”, sostuvo Castro.
Asimismo, el letrado recordó que su patrocinada tiene domicilio conocido y arraigo en el país, y que en ningún momento ha intentado viajar al extranjero sin la debida autorización judicial.
Contexto judicial de la exmandataria
Dina Boluarte afronta otras investigaciones fiscales por presunta corrupción, omisión de funciones y abuso de autoridad, vinculadas a su gestión en Palacio de Gobierno y al manejo de EsSalud.
En el caso específico de las cirugías estéticas, el médico Mario Cabani Ravello también está bajo investigación por su posible participación en una red de favorecimientos y contratos irregulares dentro del sistema de salud estatal.
Aunque el fallo judicial le permite viajar, la Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y la toma de declaraciones, a fin de determinar si existieron realmente beneficios indebidos o interferencias en la designación de funcionarios durante su mandato.
Lo que viene en el proceso
Con la decisión del juez Checkley, el Ministerio Público aún puede apelar ante una instancia superior para insistir con el impedimento de salida. Sin embargo, por el momento, la expresidenta no tiene restricción judicial alguna y puede salir del país mientras continúa la investigación preliminar.
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios mantiene abierta la pesquisa y evalúa nuevas diligencias en torno a las comunicaciones y designaciones que habrían beneficiado al entorno médico de Boluarte.
