El coronel Harvey Colchado, reconocido por liderar importantes operaciones anticorrupción, anunció que ha presentado un informe técnico a la Presidencia de la República, a cargo de José Jerí, para solicitar la derogatoria de las denominadas “leyes pro-crimen” aprobadas recientemente por el Congreso.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Colchado advirtió que estas normas “obstruyen las investigaciones y favorecen a corruptos y delincuentes”, debilitando la capacidad de acción de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público.
“Es imposible combatir el crimen de forma efectuva mientras sigan vigentes las leyes pro-crimen. Por eso, he presentado un documento ante la Presidencia de la República con fundamentos técnicos que demuestran cómo estas normas obstruyen las investigaciones contra corruptos y delincuentes”, expresó el oficial.
Un llamado a la transparencia: quiénes votaron a favor
Colchado también informó que su equipo ha elaborado un reporte con las votaciones individuales de los parlamentarios, para que la ciudadanía pueda conocer con claridad quiénes votaron a favor de las normas que, según él, “legislan contra el país”.
“Tenemos derecho a saber quiénes apoyaron la impunidad. Desde ahora, publiaré cada votación del pleno sobre proyecto que amenacen la seguridad ciudadana, junto con el sustento técnico correspondiente”, aseguró el coronel (r) Harvey Colchado.
Esta iniciativa busca, según explicó, promover la transparencia parlamentaria y generar presión ciudadana frente a normas que, en su opinión, debilitan la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Ocho leyes bajo la lupa: las normas que Colchado considera “pro-crimen”
El Congreso de la República ha aprobado en los últimos meses ocho leyes cuestionadas por diversos sectores, entre ellos analistas jurídicos, exfiscales, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes coinciden en que estas medidas favorecen la impunidad y obstaculizan las investigaciones judiciales.
Estas son las principales normas señaladas en el informe técnico presentado por Colchado:
- Ley N.° 32181: elimina la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia, lo que, según especialistas, impide capturar a sospechosos de delitos graves cuando no son sorprendidos en el acto.
- Ley N.° 31990 (antes Proyecto de Ley 00565): limita la colaboración eficaz, herramienta clave en investigaciones de crimen organizado y corrupción.
- Ley N.° 32108: redefine la figura de “organización criminal”, complicando los allanamientos y levantamientos de información.
- Ley N.° 32054: impide procesar a partidos políticos como organizaciones criminales, incluso si hay evidencias de lavado de activos o financiamiento ilegal.
- Ley N.° 32130: reduce las competencias del Ministerio Público, favoreciendo que la investigación preliminar quede en manos exclusivas de la Policía.
- Ley N.° 32326: endurece los requisitos para aplicar la extinción de dominio, dificultando la recuperación de bienes adquiridos con dinero ilícito.
- Reformas adicionales que reducen la definición de crimen organizado, excluyendo delitos de corrupción y ambientales.
- Normas que afectan la independencia de jueces y fiscales, limitando su autonomía en procesos de alto perfil.
Impacto en la seguridad y la justicia
Para Colchado, estas leyes representan un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y envían un mensaje de impunidad a las redes delictivas. En su informe, sostiene que la eliminación o limitación de herramientas procesales como la detención preliminar y la colaboración eficaz pone en riesgo investigaciones sensibles, especialmente las relacionadas con corrupción, narcotráfico y lavado de activos.
“El Congreso ha aprobado normas que debilitan el sistema de justicia y benefician directamente a quienes buscan escapar de la ley. Así no se puede combatir el crimen organizado ni proteger a los ciudadanos honestos”, subrayó el coronel.
Asimismo, alertó que la restricción a la extinción de dominio y la protección legal a partidos políticos investigados podrían neutralizar los esfuerzos de las fiscalías anticorrupción, al impedir la recuperación de activos ilícitos y favorecer la impunidad de grandes estructuras criminales.
Reacciones y respaldo ciudadano
El pronunciamiento de Harvey Colchado ha generado amplia repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios respaldaron su postura y exigieron al Ejecutivo tomar medidas concretas. Varios colectivos ciudadanos y especialistas en seguridad coincidieron en que estas leyes “debilitan el Estado de derecho” y fortalecen al crimen organizado.
Asimismo, diversas organizaciones han solicitado al presidente José Jerí evaluar la presentación de un proyecto de ley de derogatoria ante el Congreso, sustentado en los argumentos técnicos de Colchado.
