Un nuevo escándalo sacude al Parlamento peruano. La congresista Lucinda Vásquez, representante de la región San Martín e integrante de la bancada Juntos por el Perú, fue denunciada por presuntamente utilizar a sus trabajadores del Congreso para realizarle tareas personales durante el horario laboral.
El dominical Cuarto Poder difundió una fotografía en la que se observa al empleado Edwar Rengifo, familiar de la parlamentaria, realizándole una pedicura dentro de su oficina parlamentaria, mientras ella revisaba su celular sentada cómodamente.
El hecho habría ocurrido en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa, sede del Congreso de la República. Según el informe, las imágenes forman parte de una serie de pruebas que demostrarían un patrón de uso indebido de recursos humanos del Estado por parte de la legisladora.
Asesor cocinando en su casa en horario de trabajo
El reportaje también reveló que otro trabajador, identificado como Willer Sajami, quien ocupa el cargo de asesor II en su despacho, acudió al domicilio de Vásquez para cocinarle el desayuno y realizar tareas domésticas en días y horas laborales.
Las imágenes mostradas por Cuarto Poder corresponden a noviembre de 2022 y enero de 2023, cuando el funcionario habría estado cumpliendo funciones en la sede del Congreso.
Cuando fue abordada por la prensa, la congresista Vásquez respondió visiblemente incómoda:
“Déjenme caminar, por favor. Yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario. Pregúntenme qué leyes hace la congresista”, declaró evasimente.
El asesor implicado no brindó declaraciones pese a los insistentes intentos del programa por obtener su versión.
Posible delito de peculado y abuso de autoridad
Expertos consultados, como José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, señalaron que la conducta de la parlamentaria podría constituir un uso abusivo de autoridad y posible delito de peculado, al emplear personal del Estado para fines personales.
El Código Penal peruano sanciona con penas de cárcel el uso indebido de bienes o servicios públicos en beneficio propio o de terceros.
Antecedentes y denuncias previas contra Vásquez
No es la primera vez que la congresista Lucinda Vásquez se ve envuelta en denuncias de este tipo. En mayo pasado, el mismo programa reveló que tres de sus sobrinos trabajaban en su despacho parlamentario, percibiendo sueldos de hasta S/ 7.200, pese a no tener título universitario ni experiencia comprobada.
Además, su hijo Marti Frans Villacorta figura en redes sociales como “trabajador del Congreso”, sin mantener ningún vínculo formal con la institución.
A esto se suma el testimonio de exasesores que aseguraron haber entregado parte de sus sueldos a Vásquez o a sus familiares, bajo el argumento de “préstamos personales”. Mensajes de WhatsApp y transferencias bancarias respaldarían estas versiones.
También fue denunciada por presunta injerencia en el nombramiento de docentes en la región San Martín, lo que refuerza el perfil de reiteradas irregularidades en su desempeño parlamentario.
Comisión de Ética del Congreso investiga el caso
En junio de 2025, la Comisión de Ética Parlamentaria decidió abrir una investigación formal contra Vásquez, con 11 votos a favor y 2 abstenciones, tras considerar que existen indicios razonables de violación al Código de Ética del Congreso.
La investigación busca determinar si la parlamentaria incurrió en conductas incompatibles con la función pública y si utilizó recursos humanos y materiales del Estado para beneficio personal.
De confirmarse los hechos, la congresista podría enfrentar una sanción que va desde la amonestación pública hasta la suspensión sin goce de haber, además de eventuales consecuencias penales si la Fiscalía abre una investigación por peculado.
Este caso se suma a otros escándalos que han golpeado duramente la credibilidad del Congreso, como el conocido caso “mochasueldos”, donde se denunció que legisladores exigían a sus trabajadores entregar parte de sus sueldos a cambio de mantener sus puestos.
La situación de Vásquez refuerza la percepción ciudadana de una crisis ética y moral dentro del Legislativo, que continúa perdiendo legitimidad ante la opinión pública.
Mientras tanto, la congresista mantiene silencio sobre las nuevas acusaciones, mientras la Comisión de Ética y el Ministerio Público evalúan las acciones a seguir.
