El gremio de transportistas de Lima y Callao confirmó que acatará un nuevo paro de 24 horas este martes 4 de noviembre, en protesta por la creciente ola de violencia y extorsiones que afecta al sector, así como por el incumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno tras la medida similar realizada el pasado 6 de octubre.
El anuncio fue hecho por Martín Ojeda, representante de los transportistas formales de los conos de Lima y director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, quien explicó que los gremios tomaron la decisión tras comprobar que las promesas del Ejecutivo no se han cumplido.
“Teniendo en cuenta que no se han cumplido hasta el día de hoy los puntos del acta de acuerdo del 9 de octubre. se ha decidido realizar un paro de 24 horas el día martes 4 de noviembre”, señaló Ojeda en entrevista con RPP Noticias.
Según el dirigente, la medida contará con la participación de las mismas empresas que acataron la paralización de octubre, ya que las bases rechazaron continuar esperando soluciones ante la falta de seguridad y nuevas amenazas criminales.
Dirigentes cuestionan ineficacia del estado de emergencia
El estado de emergencia decretado por el Gobierno interino de José Jerí para enfrentar la ola de asesinatos, robos y extorsiones en Lima y Callao no ha tenido los efectos esperados, de acuerdo con los transportistas.
Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), aseguró que las cifras de violencia no solo no han disminuido, sino que “se han agravado notablemente” durante las últimas semanas.
“Estamos tratando de radicalizar un paro nacional. Lamentablemente este estado de emergencia no ha dado ni una solución respecto a la criminalidad que se vive todos los días. Están matando a conductores y personas”, declaró Palomino a La República.
El dirigente también denunció que el Gobierno ha fallado en garantizar la protección de los trabajadores del transporte, quienes siguen siendo blanco constante de las mafias de extorsión.
Extorsiones y asesinatos continúan pese al estado de emergencia
Las organizaciones de transportistas han reportado un incremento sostenido de extorsiones a propietarios y conductores, especialmente en los distritos periféricos de Lima. Según los testimonios recogidos por la ANCPP, las bandas criminales operan con total impunidad, cobrando “cuotas de protección” a los choferes para permitirles trabajar.
“Los carros grandes están pagando y por eso no los matan; pero si dejas de pagar, te matan. Los pequeños son los que ahora están siendo atacados”, explicó Palomino.
En las últimas semanas se registraron varios ataques con armas de fuego contra buses y minivanes que se negaron a pagar extorsiones, dejando víctimas mortales y heridos. Estas agresiones, sumadas a las amenazas constantes, han llevado a los gremios a exigir acciones concretas de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
Pese a los anuncios del Gobierno del pasado 22 de octubre —que incluían operativos conjuntos entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía—, los transportistas aseguran que las medidas no han tenido impacto real en las calles y que la inseguridad continúa en ascenso.
Paro del 4 de noviembre: reclamos y exigencias
Entre los principales reclamos que motivan la paralización se encuentran:
- Cumplimiento de los acuerdos firmados el 9 de octubre, que incluían un plan de seguridad sectorial y presencia policial permanente en las rutas críticas.
- Implementación efectiva del estado de emergencia, con resultados medibles en reducción de extorsiones.
- Protección para conductores y cobradores, especialmente en Lima Norte, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Callao.
- Depuración de empresas informales que operan bajo amenazas de mafias o sin control del Estado.
Los gremios también piden que se reactive la mesa técnica de transporte, suspendida hace dos semanas, y que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional establezcan canales de comunicación directa con los sindicatos.
Impacto y advertencias del sector
De concretarse el paro, se prevé que el transporte urbano e interurbano en Lima Metropolitana opere a menos del 50% de su capacidad, afectando la movilidad de miles de ciudadanos. El gremio ha advertido que podrían radicalizar las protestas si el Ejecutivo continúa sin atender sus demandas.
En ese sentido, Martín Ojeda exhortó al Gobierno a no minimizar la convocatoria y a instalar de inmediato una mesa de diálogo real.
“Este no es un paro político, es una medida de desesperación frente a la inseguridad. Queremos trabajar, pero no queremos morir haciéndolo”, enfatizó.
Estado de emergencia bajo cuestionamiento
El paro convocado se da en un contexto en que diversos sectores cuestionan la efectividad del estado de emergencia vigente desde inicios de octubre. Aunque el Ejecutivo asegura haber desplegado más de 10 mil agentes en puntos estratégicos, los índices de criminalidad no han mostrado descensos significativos.
Los analistas señalan que la falta de coordinación entre la Policía y los gobiernos locales, así como la ausencia de inteligencia operativa, limita la efectividad de las intervenciones.
En tanto, los transportistas reiteran que no levantarán su medida hasta recibir garantías reales de seguridad y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
