En respuesta a la polémica, Lucinda Vásquez emitió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente las acusaciones y calificó la información difundida como “falsa, malintencionada y manipulada”. Aseguró que las imágenes fueron sacadas de contexto y que en ningún momento obligó a sus trabajadores a realizar tareas ajenas a sus funciones.
“Estas denuncias son parte de una campaña política y mediática para dañar mi imagen. Nunca he obligado ni he autorizado el uso indebido del personal del Congreso. Mis colaboradores siempre han trabajado con dignidad y compromiso”, expresó la parlamentaria.
Asimismo, Vásquez denunció que los señalamientos provienen de exempleados con intereses políticos y aseguró que no permitirá que “versiones manipuladas” afecten su reputación. “Estoy siendo víctima de una venganza y de un intento de manipulación mediática que busca desprestigiarme ante la ciudadanía”, agregó.
La congresista también recordó que su gestión está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, e insistió en que se trata de un intento por distraer la atención de los verdaderos problemas del país.
Posibles sanciones y antecedentes éticos
El caso de Lucinda Vásquez no es el primero que sacude la imagen del Parlamento en los últimos meses. Situaciones similares se han presentado en otros despachos congresales, como los escándalos de los llamados “mochasueldos”, donde algunos legisladores fueron acusados de retener parte del salario de sus trabajadores o de utilizarlos para fines personales.
De confirmarse la veracidad de las imágenes difundidas por Cuarto Poder, Vásquez podría enfrentar una investigación en la Comisión de Ética del Congreso por uso indebido de recursos públicos y abuso de autoridad. La sanción en estos casos puede ir desde una amonestación pública hasta la suspensión temporal del ejercicio parlamentario.
Especialistas en derecho parlamentario consultados por medios nacionales coincidieron en que el caso debe ser revisado con urgencia. El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, señaló que la situación podría configurar un “acto de peculado de uso”, un delito tipificado en el Código Penal, dado que los trabajadores del Estado no pueden destinar tiempo ni recursos públicos a fines personales.
Reacciones políticas y sociales
Las imágenes generaron reacciones inmediatas entre congresistas y ciudadanos. Algunos parlamentarios exigieron una investigación transparente, mientras que usuarios en redes sociales manifestaron su indignación por lo que consideran un nuevo caso de “privilegios y abusos en el Congreso”.
Diversos analistas también destacaron que este tipo de episodios deterioran aún más la percepción ciudadana sobre el Legislativo, institución que —según las encuestas más recientes— mantiene niveles históricos de desaprobación que superan el 90%.
“Estos hechos minan la confianza pública en las instituciones y refuerzas la idea de un Congreso desconectado de las prioridades del país”, señaló la politóloga Katia Galarza, especialista en transparencia pública.
La polémica llega en un contexto político de creciente desconfianza hacia los representantes del Parlamento, golpeado por casos de nepotismo, mal uso de fondos y contrataciones irregulares. Según analistas, el episodio protagonizado por Lucinda Vásquez agrava la percepción negativa del Legislativo, afectando incluso la credibilidad de las bancadas de izquierda, que históricamente han buscado proyectar una imagen de cercanía con el pueblo.
Mientras tanto, la ciudadanía espera acciones concretas del Congreso y de la Comisión de Ética para determinar si existió responsabilidad funcional por parte de Vásquez y su equipo.
