El expresidente de la República, Martín Vizcarra, volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales para referirse ante la última decisión de la Corte Suprema del Poder Judicial respecto a su recurso de casación que había presentado días anteriores los cuales tenían como objetivo el juicio oral en su contra por el caso Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

Vizcarra Cornejo señaló que el Tribunal Constitucional archivó las investigaciones contra la lideresa de Keiko Fujimori respecto al caso Cócteles. El exjefe de Estado indicó que esta acción del máximo intérprete de la constitución “invadió” competencias del Poder Judicial.

No obstante, recalcó que en su caso, sí existitó “graves irregularidades” debido a que a su consideración, se le procesó en dos ocasiones por los mismos hechos. Cuestionó que la Corte Suprema no se haya pronunciado sobre dicho tema y que será finalmente los jueces encargados del caso quienes tomarán la decisión final si irá o no a prisión efectiva.

“El TC archiva caso de Kieko, invadiendo competencias del PJ (Poder Judicial). A mí, reconociendo graves irregularidades al ser procesado dos veces por los mismos hechos, la Suprema no se pronuncia, pide que lo cuestione en juicio. La Ley del embudo.Probaré mi inocencia y la justicia prevalecerá”, se lee en la publicación de su cuenta de X (antes Twitter) del exmandatario.

Corte Suprema rechaza recurso de Martín Vizcarra: expresidente seguirá afrontando juicio oral por caso Lomas de Ilo

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de casación presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, con el que buscaba anular el juicio oral que enfrenta por presunto cobro de sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La decisión, anunciada en audiencia pública, fue adoptada por el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín y deja firme el proceso penal contra el exmandatario.

Vizcarra es procesado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, debido a su presunta participación en actos de corrupción ocurridos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Según la investigación de la Fiscalía, habría recibido más de S/ 2,3 millones en sobornos de constructoras a cambio de favorecerlas en licitaciones públicas.

Durante la audiencia, la Corte Suprema evaluó los argumentos de la defensa del expresidente, quien sostenía que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa al haberse fraccionado indebidamente la acusación fiscal. La abogada Kathya Neyra Cano aseguró que este error procesal habría permitido una doble persecución penal sobre los mismos hechos.

“Solicitamos que se retrotraiga el proceso hasta el momento en que se produjo el agravio”, expresó Neyra, señalando que la jueza del caso continuó con el control de acusación por cohecho pasivo propio sin esperar el pronuciamiento final del Ministerio Público sobre otros delitos imputados.

Sin embargo, la Sala Penal Permanente no encontró fundamentos jurídicos suficientes para acoger el pedido y reafirmó la continuidad del juicio. El tribunal coincidió con la postura de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato, que consideró que los planteamientos de la defensa de Vizcarra “carecen de sustento y buscan únicamente dilatar el proceso judicial”.

El caso Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua

De acuerdo con la acusación del fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, Martín Vizcarra habría recibido sobornos millonarios de empresas vinculadas a la ejecución de proyectos públicos durante su gestión regional.

• Caso Lomas de Ilo:

Vizcarra habría entregado información privilegiada a la empresa Obrainsa para que resultara favorecida en la licitación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. A cambio, habría recibido un pago de S/ 1 millón, presuntamente entregado entre enero y abril de 2014.

• Caso Hospital de Moquegua:
  

En este segundo caso, se le imputa haber condicionado la firma del contrato para la ampliación del Hospital Regional de Moquegua a un pago ilícito de S/ 1,3 millones por parte de la empresa ICCGSA, efectuado entre 2014 y 2016.

Estos hechos, según la Fiscalía, configuran un patrón de corrupción que compromete al exmandatario en la recepción de sobornos a cambio de favorecer a constructoras.