El congresista Edwin Martínez Talavera, de la bancada de Acción Popular, presentó una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra la expresidenta Dina Boluarte y los exministros César Sandoval (Transportes y Comunicaciones) y Raúl Pérez-Reyes (Economía y Finanzas).
La acusación sostiene que los exfuncionarios habrían ampliado de forma irregular el contrato de concesión del puerto de Matarani, en la región Arequipa, beneficiando a la empresa Terminal Internacional del Sur (Tisur S.A.) con una extensión de 30 años adicionales.
Denuncia por colusión y vulneración constitucional
En su documento, Martínez argumenta que la medida adoptada por el Gobierno vulneró los artículos 58, 61 y 76 de la Constitución Política del Perú, referidos a la libre competencia, la prohibición de monopolios y las reglas de contratación pública.
“La expresidenta Dina Boluarte y sus ministros actuaron en colusión con la empresa beneficiada, aprobando la Adenda N°.5 del contrato de concesión antes del vencimiento original, fijado para 2029”, señala el texto presentado por Edwin Martínez.
El parlamentario solicita que los implicados sean inhabilitados para ejercer función pública por un periodo de 10 años, además de que el caso sea derivado a la Fiscalía de la Nación para determinar responsabilidades penales.
La denuncia invoca los delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, contemplados en los artículos 384 y 399 del Código Penal, que sancionan la concertación ilícita y la utilización del cargo público para beneficio privado o de terceros.
La prórroga del contrato con Tisur
El Decreto Supremo que permitió la prórroga del contrato con Tisur S.A., operadora del puerto de Matarani, fue suscrito durante el gobierno de Dina Boluarte y refrendado por los entonces ministros Sandoval y Pérez-Reyes.
De acuerdo con la denuncia, la medida duplicó el periodo de explotación del terminal portuario sin que se convoque a un nuevo concurso público, lo que, según Martínez, contraviene el principio de transparencia y competencia en la gestión de bienes del Estado.
“El Gobierno ha favorecido de manera arbitraria a una empresa privada, impidiendo que otras compañías postulen a la concesión. Esto genera una posición dominante en perjucio de los usuarios y de la economía regional”, argumenta el congresista arequipeño.
La acusación también señala que las tarifas cobradas por la concesionaria serían “abusivas y desproporcionadas”, afectando la competitividad de los pequeños y medianos empresarios que operan en el puerto.
Posible responsabilidad penal y política
Martínez solicitó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúe si la actuación de los exministros César Sandoval y Raúl Pérez-Reyes fue determinante en la aprobación de la adenda.
De confirmarse los hechos, el caso podría derivar en sanciones políticas y penales, dado que la prórroga del contrato —según el legislador— habría sido aprobada sin sustento técnico ni financiero que justifique su extensión anticipada.
“Esta decisión no solo vulnera la ley, sino que configura un acto de favorecimiento económico a una empresa privada a costa de los intereses del Estado y del pueblo de Arequipa”, señaló Martínez en declaraciones a la prensa.
La denuncia busca determinar si los implicados incurrieron en responsabilidad funcional y si existió beneficio indebido para la concesionaria, cuya operación actual abarca gran parte del comercio marítimo del sur peruano.
