El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, decidió remover del cargo a la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado, quien estaba a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, despacho encargado de las investigaciones de los altos funcionarios implicados en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
La medida, oficializada mediante la Resolución N.º 3343-2025-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano, dejó sin efecto la designación de Delgado y la reemplazó por Lourdes Bernardita Téllez Pérez, una fiscal vinculada al entorno del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, condenado por encubrimiento real.
De acuerdo con fuentes fiscales, esta decisión sería una represalia directa de Gálvez contra Delgado, quien habría autorizado el envío de información a una fiscal provincial sobre una investigación relacionada con el propio fiscal interino.
El motivo oficial de la remoción
En el texto de la resolución, Gálvez argumenta que la fiscal Delgado habría cometido un “error grave” al remitir información solicitada por la fiscal provincial Julianna Chávez, integrante del Equipo Especial Cuellos Blancos, sobre un caso que involucraría a un fiscal supremo.
El fiscal interino sostiene que la actuación de Delgado “reconoce la competencia de una fiscal provincial para investigar a un fiscal supremo”, lo que, según él, constituye “un desconocimiento de la función de un fiscal supremo” y “la descalifica para seguir ejerciendo el cargo”.
“A través del oficio N.°2093-2025-MP-FN-1RA.FSEDCFP, procedió a remitir la información solicitada, en lugar de corregir y orientar a la citada fiscal provincial, con lo que a la vez estaría reconociendo su competencia. Ello, refleja el desconocimiento de las funciones de un fiscal supremo”, señala el documento firmado por Gálvez.
Sin embargo, según Infobae Perú, el fiscal supremo sobre el cual se pidió información sería el propio Tomás Gálvez, lo que revelaría un evidente conflicto de interés y confirmaría que la remoción de Delgado responde a una maniobra para protegerse de investigaciones internas.
Gálvez cambia a todo el equipo anticorrupción
La decisión de Gálvez no se limitó a Delgado. También removió a la fiscal adjunta suprema provisional Alejandra Cárdenas, quien tenía a su cargo varias investigaciones de alto perfil, entre ellas los casos por presunto plagio de tesis de maestría y doctorado de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
Cárdenas, quien ha llevado adelante procesos vinculados a corrupción y crimen organizado, fue reasignada a su plaza de origen como fiscal provincial titular especializada contra la criminalidad organizada de Arequipa, una medida que también fue interpretada como un castigo institucional.
En su lugar, Gálvez designó a Lourdes Bernardita Téllez Pérez, quien ha sido señalada de mantener vínculos con Pedro Chávarry, aunque ella lo ha negado públicamente. Esta nueva fiscal suprema asume la dirección de un despacho clave que investiga a jueces, fiscales y altos funcionarios del Estado.
¿Una estrategia de control interno?
Las recientes decisiones del fiscal interino Tomás Gálvez se dan en un contexto en el que busca recomponer los despachos que lideran investigaciones sensibles contra magistrados del sistema judicial y miembros del propio Ministerio Público.
Además de remover a Delgado y Cárdenas, Gálvez ha tomado otras medidas polémicas. Entre ellas, el retiro de los vehículos oficiales asignados a la fiscal suprema Delia Espinoza, pese a que la Policía Nacional del Perú (PNP) y un informe jurídico del propio Ministerio Público recomendaron mantener la protección debido al alto riesgo para su seguridad.
La PNP advirtió que se debía “salvaguardar su integridad física, debido a las decisiones tomadas cuando se desempeñaba en el cargo de fiscal de la Nación”, haciendo referencia a su papel en decisiones clave contra redes de corrupción judicial.
Pese a ello, Gálvez ignoró la recomendación policial y las advertencias legales, lo que refuerza las sospechas de que su gestión busca neutralizar a fiscales incómodos y consolidar el control interno de las fiscalías supremas.
