El precandidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, sorprendió al anunciar que indultaría a su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, si gana las elecciones generales del 2026. En la misma línea, afirmó que extendería esa medida a Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, los tres exmandatarios recluidos actualmente en el penal de Barbadillo, en Ate.

Durante una entrevista en el programa Brutalidad Política, Mario Vizcarra argumentó que su decisión busca promover una reconciliación nacional, aunque también propuso endurecer las penas para los futuros gobernantes que incurran en delitos de corrupción.

“Si fuera a prisión iriía injustamente, por lo tanto, yo de presidente no solamente a él (…) yo indultaría a todos los presidentes que están ahí”, señaló. “Es una forma de reconciliarnos, pero al mismo tiempo propondría proyecto de ley que endurezcan las penas a los futuros presidentes que delincan. Inclusive, la cadena perpetua. Pero ya dejemos de estar insultándonos, separándonos cada día más”, agregó el aspirante al sillón presidencial.

Un llamado a la “reconciliación política”

Según Vizcarra, su propuesta no busca exculpar delitos, sino poner fin a la división política y social que, en su opinión, ha polarizado al país en los últimos años. “No podemos seguir con el mismo panfleto, el mismo discurso de odio y separación. Es momento de mirar hacia adelante”, manifestó.

El precandidato señaló que el eventual indulto estaría condicionado a una revisión técnica y jurídica exhaustiva, y que podría implicar regímenes alternativos como la detención domiciliaria.

“También sería motivo de un estudio concienzudo, pero que sea condicionado. Puede ser una detencióm domiciliaria en la cual no pueda salir de su vivienda. Hay varias formas”, explicó.

Mención a Alejandro Toledo y condiciones en Barbadillo

Durante la entrevista, Vizcarra recordó su visita al penal de Barbadillo, donde también se encuentra recluido el exmandatario Alejandro Toledo, condenado por corrupción en el caso Odebrecht. Según relató, tuvo la oportunidad de ver las condiciones en las que el exlíder de Perú Posible cumple su condena.

“Él fue mi profesor en ESAN en el año 85 ¿Quién puede negar los delitos que cometió Alejandro Toledo? Pero acaso no hay tantos delincuentes que caminan por la calle libremente y deberían estar adentro”, reflxionó.

El precandidato sostuvo que la medida de gracia debería aplicarse tras un análisis ético y humanitario, y no como una señal de impunidad.

Martín Vizcarra y su proceso judicial

Por su parte, el exmandatario Martín Vizcarra, actualmente precandidato a la primera vicepresidencia por el mismo partido Perú Primero, también se refirió al tema del indulto durante una visita a Puno. Afirmó que Pedro Castillo fue detenido de manera injusta tras su destitución en diciembre de 2022, y sostuvo que el proceso de vacancia presidencial vulneró su derecho a la defensa.

“Pedro Castillo no tuvo derecho a defenderse. Si bien su mensaje fue golpista, no se llegó a ejecutar un golpe de Estado. El Congreso actuó sin respetar el debido proceso”, expresó Vizcarra.

Martín Vizcarra enfrenta actualmente un proceso judicial por presunto cobro de sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014. La Fiscalía le imputa el delito de cohecho pasivo propio, acusándolo de recibir dinero de empresas constructoras a cambio de facilitar licitaciones públicas.

La defensa del expresidente niega los cargos y sostiene que el caso busca afectar su imagen política en el contexto de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2026.

Un tema que divide al país

Las declaraciones de Mario Vizcarra han generado un intenso debate en la opinión pública. Algunos sectores consideran que su propuesta busca “limpiar la imagen” de su hermano y beneficiar a políticos sentenciados por corrupción, mientras que otros la interpretan como una apuesta por cerrar las heridas políticas que han fragmentado al país.

Analistas coinciden en que el tema del indulto presidencial será uno de los ejes más polémicos de la próxima campaña electoral. De concretarse, implicaría revisar los procesos judiciales más controversiales de los últimos 20 años, que involucran a expresidentes acusados de corrupción, lavado de activos y abuso de poder.