El congresista de la República, Edwin Martínez, presentó una denuncia ante mesa de partes de la Junta Nacional de Justicia una denuncia contra la jefa del Reniec, Carmen Velarde, por la publicación de datos personales en la Lista del Padron Inicial.

En ese sentido, el legislador sostiene que Velarde Koechlin habría realizado conductas que comprometerían a la dignidad del cargo. Por ello, instó a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia determinar las presuntas responsabilidades que habría cometido la titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

“Interpongo denuncia en contra de Carmen Milagros Valverde Koechlin en su condición de Jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por la incursión en conductas que comprometen la dignidad del cargo y lo desmerecen en el concepto público; a efectos de que vuestro despacho determine la responsabilidad de la funcionaria y disponga su destitución, de acuerdo al artículo 2, incuso f de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia”, se lee parte de la denuncia presentada por el congresista Edwin Martínez.

Fundamentos de la denuncia presentada contra Carmen Velarde

Según los fundamentos de Edwin Martínez, la titular de la RENIEC habría dejado a “libre disposición y acceso desregulado” información de datos delicados de los más de 27 millones de ciudadanos quienes se encontrarán hábiles para sufragar en las próximas elecciones generales 2026.

“La publicación de la información de los millones de ciudadanos peruanos incluyó la difusión masiva y abierta de datos sensibles y reservados, cuya publicación se encuentra manifiestamente prohibida por Ley (…) La entidad a cargo de la denunciada (Carmen Velarde) dejó a libre disposición y acceso desregulado el conocimiento de información extremedamente delicada de los ciudadanos, incluyendo su domicilio, huella digital y fotografía, sin atender de modo alguno al carácter estrictamente privado de dicha información y, sobre todo, sin haber desarrollado ningún mecanismo que limite el acceso a los datos”, argumenta Martínez.

Martínez Talvera señala que si bien el artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones dispone la publicación de un Padron Incial, la misma norma no autoriza la difusión masiva de la información sensible de la población.

“Es importante señalar que, si bien el artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones dispone la publicación de un Padrón Inicial, a efectos de la referida contratación de datos; la misma norma no autoriza la difusión masiva y desregulada de la información sensible de los ciudadanos”, fundamenta.

Velarde asegura que si no se publicaba la Lista del Padrón Inicial, se podría haber solicitado la “nulidad de las elecciones”

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ratificó que la reciente publicación de la Lista del Padrón Inicial (LPI) se efectuó conforme a ley, como parte de un procedimiento obligatorio, transparente y necesario para preservar la validez de las Elecciones Generales 2026. Así lo sostuvo su jefa nacional, Carmen Velarde Koechlin, durante su presentación ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República.

Velarde subrayó que la difusión de la lista no solo cumplió con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones, sino que fue fundamental para prevenir eventuales pedidos de nulidad del proceso electoral. “El RENIEC cumplió con la norma, ya que, de no haberlo hecho, cualquier persona podría pedir mañana la nulidad de las Elecciones Generales”, remarcó.

La Lista del Padrón Inicial fue publicada entre el 27 y el 31 de octubre de 2025 como parte de un proceso de transparencia y fiscalización ciudadana. Durante esos días, la plataforma del RENIEC recibió más de 340 mil consultas y diversas observaciones o tachas, lo que permitió a la población verificar sus datos y contribuir a la depuración del padrón electoral.

La jefa del RENIEC destacó que esta publicación fue un paso crucial dentro del cronograma electoral y que su omisión habría comprometido la legalidad de los comicios. “Fue un acto legal, obligatorio y transparente ejecutado estrictamente en defensa de la integridad de las próximas elecciones”, afirmó.