La exprimera dama del Perú, Nadine Heredia Alarcón, presentó una solicitud formal ante el Tribunal Supremo de Brasil para impedir su extradición al Perú, así como cualquier medida que implique su traslado, ejecución de sentencia, prisión internacional o restricción de movimientos. Su defensa legal argumenta que las solicitudes de cooperación judicial del Estado peruano vulneran el debido proceso y se sustentan en “pruebas ilícitas y poco fiables”, según informó el medio brasileño G1.
Heredia enfrenta una condena de 15 años de prisión por el delito de lavado de activos y financiamiento irregular de partidos políticos, dictada en abril de 2025 junto al expresidente Ollanta Humala. Ambos fueron hallados culpables de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y fondos procedentes del gobierno del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez durante las campañas electorales de 2006 y 2011.
La solicitud ante el Tribunal Supremo de Brasil
En su pedido, la defensa de Nadine Heredia sostiene que acceder a las solicitudes del Perú equivaldría a “dar continuidad a un proceso penal viciado”. Según su escrito, el juicio que la condenó en Lima se basó en pruebas y testimonios obtenidos mediante mecanismos contrarios al derecho internacional y a las garantías procesales reconocidas por el ordenamiento jurídico brasileño.
“Permitir la cooperación con el Perú en este caso supondría continuar un proceso penal sustentado en pruebas ilícitas, cuya finalidad fue cuestionada incluso por este mismo tribunal”, señala el recurso legal presentado ante el Supremo brasileño.
El documento también solicita suspender cualquier intercambio de información judicial o pericial entre Brasil y el Perú, incluyendo testimonios de exfuncionarios de Odebrecht y copias certificadas de documentos del caso. Además, pide que se bloqueen eventuales órdenes de captura o restricciones migratorias que pudieran afectar la libertad de desplazamiento de Heredia dentro del territorio brasileño.
La situación legal de Heredia y Humala
La sentencia condenatoria contra Ollanta Humala y Nadine Heredia marcó un nuevo capítulo del caso Lava Jato en el Perú, que destapó una red de sobornos millonarios de la constructora Odebrecht para financiar campañas políticas en toda Latinoamérica. En el fallo, el Poder Judicial peruano concluyó que el matrimonio Humala-Heredia recibió aportes ilegales superiores a los tres millones de dólares, provenientes tanto de la constructora brasileña como del gobierno venezolano, con el objetivo de consolidar su proyecto político.
A pesar de que Humala fue internado en un penal tras la sentencia, Heredia no ingresó en prisión debido a su delicado estado de salud, ya que enfrenta un diagnóstico de cáncer. Desde la Embajada de Brasil en Lima, donde se refugió tras conocerse el fallo, solicitó asilo diplomático para ella y su hijo menor de edad, lo que generó tensiones diplomáticas entre ambos países.
Finalmente, en base a razones humanitarias, el Gobierno peruano otorgó un salvoconducto que permitió su salida hacia Brasil, donde actualmente reside bajo la protección de las leyes de asilo político y humanitario.
Contexto internacional y controversias
La solicitud de Nadine Heredia ante el Tribunal Supremo de Brasil ocurre en un momento de alta sensibilidad diplomática. El pedido de asilo fue inicialmente cuestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que consideró que el caso debía resolverse en instancias judiciales nacionales. No obstante, el gobierno brasileño ha ratificado que no extraditará a personas con estatus de asiladas mientras se mantenga vigente esa condición.
De acuerdo con fuentes del medio Folha de São Paulo, el equipo jurídico de Heredia busca que el Supremo Tribunal Federal (STF) emita una resolución definitiva que impida cualquier acción de cooperación judicial con el Perú en torno a su caso, alegando que la sentencia es “producto de persecución política” y que la justicia peruana ha actuado con parcialidad.
En su argumentación, la defensa también citó antecedentes de cuestionamientos al Ministerio Público peruano por la manipulación de pruebas y filtraciones de testimonios en procesos relacionados con Lava Jato.
