El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, generó un nuevo episodio de tensión en el Ministerio Público al remover de sus cargos a las fiscales Elena Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas, quienes tenían a su cargo las investigaciones más sensibles del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, la red de corrupción que habría manipulado nombramientos judiciales y fiscales a nivel nacional.
La medida fue formalizada mediante la resolución N.º 3343-2025-MP-FN, publicada el 31 de octubre en El Peruano, y según especialistas, representa una maniobra cuestionada por la evidente relación del propio Gálvez con la investigación.
Una decisión con presunto intereses
De acuerdo con la resolución, Gálvez argumenta que la entonces fiscal suprema Elena Delgado remitió información sobre “un fiscal supremo” a la fiscal provincial Julianna Chávez, integrante del Equipo Especial Cuellos Blancos, lo que —según él— constituiría una falta de competencia funcional.
Sin embargo, el expediente fiscal revela que el fiscal supremo mencionado era el propio Tomás Gálvez, quien actualmente enfrenta una investigación por presunto cohecho pasivo y tráfico de influencias, en el marco de su nombramiento como fiscal supremo, supuestamente facilitado por la red criminal liderada por César Hinostroza Pariachi.
La colaboración entre despachos fiscales, lejos de ser irregular, se encuentra permitida por el Código Procesal Penal, por lo que la remoción de Delgado es considerada una represalia directa. En su carta dirigida a la Junta de Fiscales Supremos, la magistrada advirtió:
“El señor fiscal de la Nación (i) no solo ocupa el rol de investigado en el procedimiento que motivó mi actuación, sino que además interviene en la decisión de mi remoción. Ello plantea un conflicto de intereses claro y manifestó”, sostuvo la fiscal Carolina Delgada.
El trasfondo: vínculos y presuntas presiones internas
La medida de Gálvez se da en un contexto donde nuevas evidencias lo vinculan con los Cuellos Blancos. Un informe de Epicentro TV difundió parte de la declaración del exconsejero Iván Noguera, quien habría reconocido presiones dentro del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para favorecer a Gálvez en su nombramiento como fiscal supremo.
Además, en agosto pasado, Gálvez fue captado en una reunión privada con el abogado José Luis Castillo Alva, conocido como “Pepelucho”, también implicado en la red. Precisamente, la solicitud de información que generó la controversia fue sobre una investigación que involucraba a Castillo Alva, lo que explicaría el interés personal de Gálvez en remover a Delgado.
La otra remoción: el caso de Alejandra Cárdenas
El caso se agrava con la destitución paralela de la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, una funcionaria con más de cinco años de experiencia que había sido asignada a redactar en tres días la acusación principal de la carpeta madre del caso Cuellos Blancos, contra César Hinostroza y los exconsejeros del CNM.
Cárdenas inició el trabajo el 30 de octubre, pero fue cesada un día después, en un movimiento que fuentes del Ministerio Público califican como “arbitrario y planificado”. La justificación oficial fue una “reestructuración” de la Primera Fiscalía Suprema Especializada, aunque solo Cárdenas fue retirada del equipo, permaneciendo los otros tres fiscales adjuntos.
La exfiscal suprema Elena Delgado respaldó a su excolega en un documento interno, señalando:
“La remoción carece de causa objetiva, razonable y debidamente motivada (…). Contraviene los principios de mérito y continuidad del servicio fiscal, generando un precedente institucional negativo que debilita la carrera fiscal”, señaló la integrante del Ministerio Público.
Una sustitución inmediata y polémica
El mismo día que se publicó la resolución, Gálvez tomó juramento a Lourdes Bernardita Téllez Pérez, quien asumió el despacho que ocupaba Delgado. La nueva fiscal ha sido cuestionada por sus presuntos vínculos con el exfiscal Pedro Chávarry, condenado por obstaculizar la justicia durante el caso Lava Jato, aunque ella ha negado cualquier cercanía con el exfuncionario.
De acuerdo con fuentes del medio de comunicación Infobae, Téllez acudió ese mismo día al despacho fiscal y no se permitió que las funcionarias cesadas retiraran sus objetos personales, lo que refleja una decisión previamente planificada y ejecutada sin transparencia.
