La indignación estalló en redes sociales luego de que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, difundiera un mensaje ofreciendo operar gratuitamente al suboficial PNP Roger Quispe Aranda, quien quedó con daño cerebral severo tras un accidente laboral. Sin embargo, la oferta llegó condicionada: Cerrón pidió, a cambio, que se revise su propia situación judicial, lo que fue interpretado como un intento de presión hacia el sistema de justicia utilizando la grave condición de un agente policial.
El mensaje, publicado en sus redes oficiales, afirmaba que “no hay daño cerebral irreversible” y que él mismo podría intervenir quirúrgicamente al joven policía. “Lo opero gratuitamente si cambian mi condición judicial”, escribió. También sostuvo que la depresión cefálica del suboficial “es natural después de una craniectomía” y que su recuperación dependería de una plastia craneal y de la plasticidad cerebral “por su edad”.
Indignación por condicionar una intervención médica
La publicación de Cerrón generó un inmediato rechazo por parte de usuarios, especialistas médicos y actores políticos, quienes cuestionaron que buscara usar el estado crítico de un joven policía para obtener beneficios procesales. Cerrón registra orden de prisión preventiva por el caso Dinámicos del Centro por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.
El líder de Perú Libre intentó reforzar su argumento mostrando una imagen de un paciente al que —asegura— intervino con éxito en una situación similar. “He operado a cientos de pacientes en situaciones extremadamente desfavorables”, declaró, insistiendo en que la edad sería el principal factor para un posible éxito quirúrgico.
No obstante, médicos consultados en distintos medios advirtieron que la recuperación de un traumatismo craneoencefálico severo depende de múltiples factores clínicos y que ninguna intervención garantiza una recuperación total, especialmente cuando ya hay secuelas neurológicas irreversibles.
El accidente de Roger Quispe: una orden ilegal y negligente
El contexto del caso del suboficial Quispe revela una grave cadena de irregularidades dentro de la comisaría de Pamplona II. El policía de 25 años cayó aproximadamente cuatro metros mientras realizaba una tarea que no debía cumplir: limpiar ventanas. Según el reglamento de la PNP, está prohibido asignar labores de mantenimiento o limpieza a suboficiales, pues estas no forman parte de sus funciones operativas.
La orden habría sido dada por la capitán Lisset Quispe, quien ya enfrenta una denuncia por abuso de autoridad y lesiones graves.
Roger no contaba con ningún tipo de protección, equipo de seguridad ni capacitación para esa actividad. Los testigos aseguraron que, tras la caída, sangraba por la boca, nariz y oídos. Fue llevado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde los médicos realizaron una craniectomía para disminuir la presión intracraneal debido a la inflamación masiva.
El diagnóstico fue devastador: daño cerebral severo, pérdida de movilidad en su lado derecho, deterioro cognitivo profundo y pérdida total del habla. Su familia relata que hoy el suboficial no reconoce a sus padres y depende completamente de cuidados permanentes.
Familia denuncia versiones falsas y abandono institucional
Los familiares de Quispe denunciaron que, en un inicio, la Policía intentó informar que el joven había sufrido “un accidente de tránsito”, versión rápidamente descartada por la evidencia y por la Defensoría del Policía. Además, señalaron que la institución demoró en brindar apoyo médico especializado y no cubrió de inmediato los tratamientos urgentes que el suboficial requería.
La recuperación de Roger ahora depende de múltiples intervenciones, incluida la colocación de una placa de titanio, terapias neurológicas de alta intensidad y atención constante. Sin embargo, los padres han tenido que asumir varios gastos mientras aguardan respuestas institucionales más sólidas.
