El Congreso de la República dio un nuevo paso que, según especialistas y organizaciones civiles, favorece de manera directa a la minería ilegal. Este martes, legisladores de seis partidos políticos aprobaron en la Comisión de Energía y Minas un dictamen “con cargo a redacción”, es decir, sin una versión final disponible, que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027 y permite la reincorporación de 50 mil mineros previamente excluidos del proceso.
El dictamen, aprobado por 17 votos, contó con el respaldo de congresistas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Juntos por el Perú, Podemos Perú, Renovación Popular y Somos Perú. Incluso el partido “Todo con el Pueblo”, sin representación formal en el Parlamento, apoyó la medida mediante el voto de Pasión Dávila. Solo Ruth Luque, Diana Gonzales y Carlos Alva votaron en contra, mientras que Wilson Soto se abstuvo.
Un dictamen aprobado sin haberse redactado completamente
La aprobación generó polémica desde el inicio. El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, impulsó la votación del dictamen sin presentar una versión final del texto, lo que obligó a que se aprobara bajo la fórmula de “con cargo a redacción”. Esto significa que los congresistas votaron a favor sin contar con los detalles completos de la norma, agravado por la confusa lectura del secretario técnico respecto de los cambios propuestos.
Pese a la falta de claridad, la mayoría parlamentaria decidió continuar. Según fuentes del Legislativo, el objetivo es que el pleno del Congreso apruebe la norma este jueves 20, en un proceso acelerado que ha generado críticas por la ausencia de debate técnico.
¿Qué implica la extensión del Reinfor hasta el 2027?
El punto central del dictamen es la ampliación del Reinfo, un registro que fue creado como mecanismo transitorio para permitir que pequeños mineros y mineros artesanales avancen hacia la formalización. Pese a que su vigencia ha sido prorrogada múltiples veces, el Congreso aprobó una nueva extensión hasta el 31 de diciembre de 2027.
El texto incluso deja abierta la posibilidad de que la ampliación culmine antes si se aprueba la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, una norma largamente postergada por el propio Parlamento.
“El proceso de formalización minera tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, o hasta la entrada en vigor de la ley MAPE”, señala el dictamen aprobado.
Sin embargo, diversos analistas consideran que la aprobación de la Ley MAPE es poco probable en el corto plazo, por lo que la prórroga del Reinfo se aplicaría en su totalidad.
Reincorporación de excluidos: un retroceso para el proceso de formalización
La decisión de reincorporar a 50 mil mineros excluidos es uno de los aspectos más cuestionados. El Ministerio de Energía y Minas había retirado del registro a decenas de miles de operadores que no cumplieron requisitos básicos, realizaron actividad en zonas prohibidas o no demostraron actividad minera real. Con el nuevo dictamen, podrán volver al proceso.
El texto aprobado señala que la reincorporación será “excepcional” y estará condicionada a demostrar actividad y disposición para cumplir obligaciones técnicas, ambientales y administrativas. No obstante, especialistas consideran que se trata de una amnistía encubierta que debilita aún más el proceso de formalización.
La propuesta fue promovida inicialmente por Fuerza Popular. La congresista Patricia Juárez pidió, además, que la reincorporación excluya a quienes tienen sentencia por minería ilegal o lavado de activos, así como a quienes operan en zonas no permitidas. Aunque esta precisión fue leída por el secretario técnico, no quedó incluida en el dictamen final, lo que abre la puerta a interpretaciones amplias.
Gobierno de José Jerí deberá suspender exclusiones en curso
La ampliación del Reinfo obliga al Poder Ejecutivo a suspender los procedimientos administrativos de exclusión que estaban en trámite. Es decir, las acciones para retirar a operadores ilegales deberán paralizarse hasta que el Congreso apruebe la Ley MAPE.
Esto implica un freno significativo a las herramientas que el Estado tenía para controlar la expansión de la minería ilegal, especialmente en zonas críticas como Madre de Dios, Puno y La Libertad.
Seis partidos apoyaron un dictamen que beneficia a la minería ilegal
El respaldo al dictamen provino de Fuerza Popular, APP, Juntos por el Perú, Podemos Perú, Renovación Popular y Somos Perú. Incluso legisladores que expresaron dudas terminaron votando a favor, como Eduardo Salhuana (APP).
El apoyo multipartidario ha sido criticado por sectores que alertan sobre el impacto ambiental, social y económico de expandir la permanencia de operadores informales e ilegales bajo el paraguas del Reinfo.
