La Sala Penal Especial del Poder Judicial confirmó que el expresidente Pedro Castillo Terrones incurrió en el delito de rebelión el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que anunció la disolución del Congreso, la intervención del Ministerio Público y la reorganización del sistema de justicia. Según el tribunal, el acto del exmandatario no fue improvisado, sino parte de un plan deliberado que buscaba quebrar el orden constitucional del país.

En su resolución, la sala concluye que el hecho quedó plenamente acreditado, al señalar que existían documentos y borradores incautados en el domicilio de Castillo que demostraban que su Mensaje a la Nación estaba preparado con anticipación. Las instrucciones contenidas en esos documentos coinciden con las declaraciones televisadas que desencadenaron la crisis política y su posterior vacancia.

El colegiado también sostuvo que la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y el premier Aníbal Torres tenían conocimiento previo del contenido del mensaje. Ambos, según el expediente, se acercaron a felicitar al mandatario con un abrazo inmediatamente después de la transmisión, lo que evidenciaría su participación o respaldo al acto inconstitucional.

Por estos hechos, la Fiscalía de la Nación solicita una pena de 34 años de prisión para Castillo por el delito de rebelión, el cual considera plenamente configurado tras analizar las pruebas del caso. En paralelo, el Ministerio Público también ha pedido 25 años de cárcel para Betssy Chávez, quien se mantiene asilada en la embajada de México, donde espera un salvoconducto que le permita abandonar el país.

Como alternativa, si el Poder Judicial optara por condenarlo por conspiración en lugar de rebelión, la Fiscalía propone un cómputo de penas acumuladas que incluyen 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración; 10 meses y 15 días por abuso de autoridad; y 6 años y 9 meses por grave perturbación, sumando un total de 19 años y 30 días de prisión.

La decisión de la Sala Penal Especial reafirma la gravedad institucional del episodio del 7 de diciembre y mantiene vigente uno de los procesos judiciales más importantes de los últimos años, cuyo desenlace marcará un precedente sobre los límites constitucionales del poder presidencial en el Perú.