La confrontación entre la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, escaló a una vía judicial. Espinoza confirmó que presentó una querella por difamación agravada ante la Corte Suprema, luego de reiterados agravios públicos que —según afirma— afectan directamente su honor y su trayectoria profesional.
En diálogo con el medio periodístico Infobae Perú, Espinoza precisó que exigió una reparación civil de S/ 1 millón y explicó que el monto solicitado no será para beneficio personal, sino donado de manera íntegra al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), destinado exclusivamente a niños y adolescentes con cáncer.
“Que este señor (Fernando Rospigliosi) aprenda a lavarse la boca antes de hablar de una dama, antes de hablar de cualquier persona. Yo nunca le he faltado el respeto (…) Estoy segura de que se va a ganar ese caso”, declaró.
La decisión llega después de dos cartas notariales enviadas al titular del Parlamento, pidiéndole que se rectifique por declaraciones en las que la calificó de “aliada del terrorismo”, “ex fiscal gatillo fácil” y “desquiciada”. Espinoza recalcó que Rospigliosi se negó a rectificarse en todas las oportunidades, razón por la que procedió con la acción penal.
Un conflicto que escala sin tregua
Lejos de moderar el tono, Rospigliosi intensificó sus ataques contra la exfiscal desde sus redes sociales. A través de su cuenta en X, el legislador celebró la reciente inhabilitación de Espinoza por el Congreso y reiteró los calificativos que motivaron la querella.
Entre las expresiones públicas mencionadas en la demanda, se encuentran:
- Aliada del terrorismo”
- “Desquiciada”
- “Ex fiscal gatillo fácil”
- “Liquidó las fiscalías antiterroristas”
- “Propició la liberación de delincuentes”
- “No descansa persiguiendo a quienes la critican”
El parlamentario también acusó a Espinoza de actuar “prevaricadoramente” y de “politizar el Ministerio Público”, además de invocar “soluciones radicales” frente a sus reclamaciones judiciales.
Acción penal con destino social
La querella presentada ante la Suprema no solo exige sanción penal, sino una reparación civil simbólica transformada en acción social.
“Ese dinero será íntegramente entregado al Hospital de Neoplásicas. Para mí, ni un centavo”, aseguró Delia Espinoza en conferencia de prensa realizada este último jueves 4 de diciembre.
La fiscal suspendida agregó que ella misma supervisará el destino de la reparación civil en favor de los menores en tratamiento oncológico.
El gesto marca una estrategia jurídica con dimensión pública y moral: la ofensa se repara no restituyendo el daño a la persona agraviada, sino convirtiéndolo en recurso para una causa social sensible y altamente visible.
Con la querella ya radicada, será la Corte Suprema la encargada de evaluar los cargos. Si el tribunal admite la denuncia, Rospigliosi deberá responder penalmente por sus expresiones públicas y enfrentar un proceso que puede culminar en sanción y reparación civil.
