El abogado Pedro Grández realizó un pronunciamiento público en el que cuestionó posibles conflictos de intereses cuando un mismo abogado asume, de manera simultánea, roles de defensa penal, asesoría legislativa y opinión mediática. 

Según señaló, si un profesional del Derecho defiende por la mañana a un cliente investigado por corrupción, luego asesora al Congreso en la elaboración de normas contra ese mismo fenómeno y, posteriormente, actúa como analista en medios defendiendo las leyes que contribuyó a redactar, se genera un problema de credibilidad y de independencia profesional.

Las declaraciones de Grández surgen en el contexto del debate público en torno a la defensa que ejerce el Dr. Humberto Abanto en favor del gobernador Ciro Castillo, actualmente en condición de prófugo, lo que ha reavivado la discusión sobre los límites éticos entre la legítima defensa técnica, la asesoría normativa y la intervención en la opinión pública.

El jurista precisó que la defensa de los clientes es una función legítima del abogado, así como la libertad de opinión en el ámbito académico; sin embargo, advirtió que la convergencia de estos roles, sin reglas claras de transparencia, puede afectar la confianza ciudadana y el debate democrático.