El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, fue trasladado de emergencia la mañana de este viernes desde el penal Barbadillo al Hospital de Ate Vitarte tras presentar una crisis hipertensiva severa, según confirmó Alejandro Salas, exministro de Trabajo y actual candidato del partido Perú Primero. El hecho ha generado preocupación en el entorno político y reabre el debate sobre el estado de salud del exmandatario, quien actualmente cumple una condena de 14 años de prisión por delitos de corrupción.
En declaraciones brindadas a Infobae Perú, Salas detalló que visitó a Vizcarra durante las primeras horas del día en el centro penitenciario; sin embargo, poco después el exjefe de Estado sufrió una descompensación que obligó a su traslado inmediato a un establecimiento de salud. Hasta el cierre de esta nota, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente ni sobre las condiciones médicas que presenta el interno.
De acuerdo con la información conocida, Martín Vizcarra fue atendido por el personal médico del hospital y, tras ser estabilizado, regresó nuevamente al penal Barbadillo, donde permanece recluido. No se han brindado mayores detalles sobre la gravedad del cuadro ni sobre si requerirá una evaluación médica especializada en los próximos días.
El traslado ocurre en un contexto judicial complejo para el exmandatario, quien recientemente fue condenado por el Poder Judicial del Perú a 14 años de prisión efectiva por su responsabilidad en dos emblemáticos casos de corrupción: Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. La sentencia también contempla el pago de 730 días multa y nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que lo excluye de cualquier participación en la función pública durante ese periodo.
Martín Vizcarra: ¿Por qué el expresidente se encuentra en prisión?
Según la acusación fiscal, Vizcarra solicitó y recibió sobornos por un total de 2,3 millones de soles de las empresas Obrainsa e ICCGSA, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de obras públicas cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. En el caso Lomas de Ilo, el Ministerio Público inició la investigación por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.
El fiscal Germán Juárez Atoche presentó como prueba reuniones sostenidas en noviembre de 2013 entre Vizcarra y Elard Tejeda Moscoso, representante de Obrainsa. El tribunal determinó que el entonces gobernador condicionó la buena pro del proyecto a un pago ilícito equivalente al 2 % del costo directo de la obra, suma que ascendía a más de un millón de soles. El contrato fue firmado en diciembre de ese mismo año y, según los testimonios, el dinero fue entregado en efectivo mediante sobres manila y otros mecanismos, como el alquiler de una avioneta.
En el caso del Hospital Regional de Moquegua, la sentencia establece que Vizcarra exigió un soborno de 1,3 millones de soles al consorcio integrado por ICCGSA e INCOT. El tribunal validó los testimonios de José Manuel Hernández, examigo del exmandatario, y de directivos de ICCGSA, quienes señalaron que la firma del contrato estuvo condicionada al pago de la coima, parte de la cual fue simulada como un servicio y ocultada posteriormente.
Tras conocerse el fallo, Martín Vizcarra calificó la sentencia como una “venganza” política y anunció que su defensa legal presentará una apelación. A las afueras del Poder Judicial, familiares, simpatizantes y manifestantes expresaron su respaldo al exmandatario, mientras sus abogados insisten en que existen irregularidades en el proceso.
