El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, solicitó formalmente al juez de investigación preparatoria nacional Wilson Verástegui no aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena anular el proceso penal del caso Cócteles seguido contra Keiko Fujimori. Durante una audiencia judicial, el magistrado del Ministerio Público cuestionó duramente el contenido del fallo constitucional y sostuvo que este se basa en premisas falsas que afectan gravemente la validez de la decisión.
Pérez argumentó que el Tribunal Constitucional incurrió en un error sustancial al señalar que a la lideresa de Fuerza Popular se le imputó el delito de lavado de activos bajo la modalidad de “receptación patrimonial”. Según explicó, desde el inicio de la investigación fiscal, a Fujimori Higuchi se le atribuyó dicho delito en la modalidad de “actos de conversión”, una diferencia clave que, a su criterio, invalida uno de los principales fundamentos del fallo.
“¿Cuáles son las consecuencias de que el Tribunal Constitucional haya insertado datos falsos en su sentencia? Son varias respuestas posibles, desde que esta es una sentencia política y, por lo tanto, prevaricadora, hasta una futura responsabilidad por infracción a la Constitución en un próximo periodo legislativo”, sostuvo el fiscal durante su intervención, en declaraciones que generaron fuerte impacto en el ámbito jurídico y político.
En esa línea, José Domingo Pérez afirmó que un juez ordinario no está obligado a aplicar una sentencia del TC cuando esta presenta vicios graves y se sustenta en premisas falsas. Según el fiscal, el juez Wilson Verástegui tendría la facultad de inaplicar el fallo constitucional siempre que deje constancia expresa de dichas irregularidades en su resolución.
“¿Puede un juez ordinario dejar de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional? La respuesta de la fiscalía es que sí puede, siempre que se establezca la presencia de vicios graves. Estamos ante un vicio de gravedad”, enfatizó el representante del Ministerio Público.
Asimismo, Pérez exhortó al juez Verástegui a no actuar como una simple “mesa de partes” del Tribunal Constitucional y a ejercer plenamente su independencia jurisdiccional. Recordó que los jueces acceden a sus cargos por mandato constitucional y no están subordinados a decisiones que, en su criterio, vulneren el orden jurídico o se aparten de la verdad procesal.
“Usted no es mesa de partes del Tribunal Constitucional. Usted es un juez independiente en el ejercicio de su función jurisdiccional y ha ganado el lugar que ocupa por mandato de la Constitución”, remarcó el fiscal, en uno de los pasajes más firmes de su exposición.
José Domingo Pérez plantea un escenario alternativo
No obstante, José Domingo Pérez planteó un escenario alternativo en caso el juez decida acatar lo dispuesto por el TC. En ese supuesto, solicitó que el Poder Judicial devuelva la carpeta fiscal del caso Cócteles al Ministerio Público, al considerar que la sentencia constitucional anula todas las actuaciones fiscales y judiciales desde el inicio de la investigación preliminar.
Según explicó, al haberse declarado la nulidad total del proceso, el Poder Judicial habría perdido competencia para seguir conociendo el caso. En consecuencia, correspondería al Ministerio Público, y específicamente al fiscal a cargo, decidir si el caso se archiva de manera definitiva o si se adoptan otras acciones dentro del marco legal.
“Soy yo, el fiscal, quien debe tomar la decisión de si se archiva o no ese caso. Soy yo quien debe decidir si este proceso trasciende o no en la historia de la justicia de nuestro país. Si su ámbito de acción es no trascender, devuélvanos el expediente”, concluyó Pérez.
Giulliana Loza
Por su parte, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, cuestionó duramente la postura del fiscal y defendió la obligatoriedad del fallo del Tribunal Constitucional. Aseguró que la sentencia es definitiva, vinculante y de obligatorio cumplimiento para todas las instancias judiciales.
“Basta de seguir un caso donde no hay un caso penal”, afirmó Loza, en alusión a que el TC determinó que no se puede atribuir a su patrocinada los delitos de lavado de activos y organización criminal. La controversia abre un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la política peruana reciente.
